El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un nuevo requisito propuesto para los solicitantes de visas de turismo y negocios: una fianza notable de entre 5.000 y 15.000 dólares.
Esta medida formará parte de un programa piloto de 12 meses que busca reforzar los controles migratorios, especialmente hacia ciudadanos de países con altas tasas de permanencia ilegal o con debilidades en sus procesos de verificación de identidad.
(Vea también: ¿Hay que cambiar la visa americana si ya está vigente? Embajada aclaró qué se debe hacer).
La iniciativa no afectará a los ciudadanos de los 42 países que hacen parte del Programa de Exención de Visa, el cual permite visitas por hasta 90 días sin necesidad de visa.
Sin embargo, si la propuesta se aplica a países como Colombia, la fianza equivaldría a un valor de entre 20 y 61 millones de pesos, lo que podría dificultar el acceso a la visa para muchos solicitantes. A esto habría que sumar el valor vigente del trámite de visa como tal (por ahora es de 785.000 pesos).
La medida también podría impactar a personas con ciudadanías adquiridas a través de programas de inversión sin requisitos de residencia previa.
Aunque la fianza sería obligatoria al momento de solicitar la visa, el Departamento de Estado aclaró que esta podría ser condonada dependiendo del caso particular de cada solicitante. El aviso oficial será publicado en el Registro Federal en los próximos días.
Por qué Donald Trump se puso riguroso con visas a EE.UU.
En 2025, bajo el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos endureció nuevamente el proceso para obtener visas, especialmente las de turismo y negocios, como parte de su política migratoria más estricta.
Esta postura responde a una visión de seguridad nacional que ha caracterizado al expresidente desde su primer mandato. Trump y su administración han argumentado que muchas personas utilizan las visas temporales como un medio para quedarse ilegalmente en el país, una práctica conocida como “overstay”. Ante esto, la estrategia del gobierno ha sido aplicar medidas preventivas para reducir el número de extranjeros que ingresan y no regresan a sus países al vencerse su permiso.
Una de las medidas más relevantes fue la implementación de un programa piloto que exige a ciertos solicitantes de visa una fianza económica de entre 5.000 y 15.000 dólares. Esta obligación afecta a ciudadanos de países con altos índices de permanencia irregular o con controles de verificación documental considerados deficientes.
Para el gobierno de Trump, esta fianza no solo actúa como un filtro económico, sino también como una forma de asegurar el cumplimiento de las condiciones de la visa, ya que podría ser devuelta si el visitante sale del país en el tiempo permitido.
Además del tema migratorio, hay un componente político y electoral detrás de estas decisiones. Trump ha capitalizado el discurso antiinmigrante para movilizar a su base política, afirmando que el control de las fronteras y el ingreso de extranjeros fortalece la seguridad del país, reduce la carga para los servicios públicos y protege empleos para los ciudadanos estadounidenses. Bajo esta narrativa, cualquier flexibilización en las políticas de visado es vista como una amenaza.
La administración también ha expresado preocupación por la posibilidad de que se utilicen documentos falsos o se proporcionen datos incorrectos durante el trámite de la visa. Por eso, además de la fianza, se han anunciado mayores controles y castigos por fraude migratorio. Aunque estas medidas han sido criticadas por su impacto en los vínculos turísticos, familiares y comerciales, el gobierno de Trump defiende que son necesarias para reforzar la soberanía y legalidad en las entradas al país.
En resumen, la política de visas más rigurosa en 2025 responde a una estrategia de control migratorio estricta, con fundamentos tanto en la seguridad nacional como en intereses políticos internos, promovida por una visión conservadora del orden fronterizo.
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