
El Condado de Los Ángeles vive momentos de tensión luego de que la Junta de Supervisores aprobara, esta semana, la declaración de un estado de emergencia local para enfrentar las consecuencias que han dejado los recientes operativos migratorios hechos por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
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La medida, respaldada por cuatro de los cinco miembros del organismo, busca mitigar el impacto social y económico que están sufriendo miles de familias inmigrantes en la región. Solo una supervisora, Kathryn Barger, votó en contra de la resolución, que fue promovida por Lindsey P. Horvath y Janice Hahn.
De acuerdo con la Junta, Los Ángeles es hogar de más de tres millones de inmigrantes, y los operativos federales han causado un ambiente de miedo generalizado. Las redadas, iniciadas en junio, han derivado en ausentismo laboral, caída en la actividad económica local y afectaciones en servicios básicos como escuelas, hospitales y centros religiosos.





El decreto de emergencia permite a las autoridades movilizar fondos, agilizar contrataciones y solicitar apoyo financiero al gobierno estatal y federal. También contempla programas de asistencia para el pago de renta, apoyo legal para quienes enfrenten procesos migratorios y acompañamiento para familias que han perdido su fuente de ingresos.
“Lo que está ocurriendo en nuestras comunidades es una emergencia, y el condado la está tratando como tal”, afirmó la supervisora Horvath, citada por ABC News. “Esta declaración nos permite actuar con rapidez y usar todos los recursos posibles para proteger y estabilizar a nuestras comunidades inmigrantes”.
Aunque el Gobierno federal ha insistido en que las redadas se enfocan en personas con antecedentes penales, datos recientes revelan que cada vez más inmigrantes sin historial criminal están siendo detenidos. Esto ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes locales, que denuncian el incremento de detenciones arbitrarias.
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El estado de emergencia permanecerá vigente hasta nuevo aviso, mientras el condado refuerza su respuesta institucional frente a la crisis. Las autoridades locales esperan que la medida sirva para coordinar esfuerzos con el Estado de California y aliviar los efectos sociales de los operativos del ICE, que han provocado protestas y creciente preocupación entre la comunidad latina.
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