La decisión del Ejecutivo español obedece a que un tribunal rechazó un confinamiento perimetral para frenar el COVID-19.
Ese revés judicial del jueves levantó de hecho las restricciones de movilidad que pesaban sobre 4,5 millones de personas de la capital y otros nueve municipios de la región de Madrid, la más impactada de España con más del doble de incidencia de la media nacional.
Competente en el área de salud como todas las regiones autónomas de España, el ejecutivo regional de Madrid, de derecha, se opuso rotundamente a las limitaciones, que impedían a las personas salir de sus municipios salvo por estricta necesidad, debido sobre todo a las consecuencias económicas.
Tras la decisión judicial, el gobierno central del presidente socialista Pedro Sánchez, convocó un consejo de ministros extraordinario este viernes en la mañana, para estudiar sus opciones.
En conversación con la presidenta madrileña, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, muy crítica de las restricciones, Sánchez le propuso tomar las mismas medidas con una ley regional o aplicar el estado de alarma, ya sea a solicitud propia o por decisión del ejecutivo central, según señaló el gobierno en un comunicado.
El estado de alarma es un régimen de excepción que permite al gobierno central centralizar la toma de decisiones en materia de salud, y que amparó entre marzo y junio un severo confinamiento impuesto a todos españoles para frenar el virus.
De todas maneras, el gobierno ha descartado un nuevo confinamiento e indicó que el estado de alarma permitiría reimponer las restricciones de movilidad revocadas por la justicia.
La noche del jueves, Díaz Ayuso indicó en Twitter que hablaría con el gobierno central “a primera hora” del viernes para considerar las alternativas.
“Hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y evitar que esto se propague a otras comunidades autónomas”, indicó el ministro de Salud, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros extraordinario que aprobó la medida.
Con este decreto, el gobierno aplicará “las mismas medidas” aplicadas hace una semana, pero revocadas el jueves por un alto tribunal regional entendiendo que la ley empleada por el ejecutivo no permitía la limitación de “derechos y libertades fundamentales”.
Estas restricciones afectan a Madrid y ocho municipios de la región, especialmente afectados por un aumento de los contagios. En total, más de 4 millones de habitantes no podrán salir de sus localidades salvo para trabajar o motivos de primera necesidad.
Además, los aforos de los establecimientos quedan limitados y los bares y restaurantes deberán cerrar a las 23H00.
La decisión del gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez cuenta con el rechazo frontal de las autoridades regionales de Madrid, pertenecientes al conservador Partido Popular, que se oponían a estas restricciones generalizadas.
“La presidenta de la comunidad autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada”, criticó Illa ante la posición de Isabel Díaz Ayuso, que quería convencer al gobierno de no declarar el estado de alarma.
“La paciencia tiene un límite, no hay más ciego que el que no quiere ver”, añadió el ministro, recordando que otras ciudades europeas tomaron medidas similares con situaciones mucho menos graves que la de Madrid.
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