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El ciudadano ecuatoriano sobreviviente de un ataque estadounidense contra un sumergible la semana pasada en el Caribe fue puesto en libertad por las autoridades de su país, tras no hallar pruebas en su contra sobre ningún delito, señaló la Fiscalía. Washington justificó la embestida al señalar que se trataba de una presunta embarcación de narcotráfico, mientras continúa una ofensiva contra ese delito cerca a aguas venezolanas. Washington, que ya ha atacado a alrededor de seis navíos desde el pasado agosto, sigue sin presentar pruebas de sus acusaciones.
Fue el sexto ataque de EE. UU. contra una embarcación en aguas del Caribe, desde que el Gobierno de Donald Trump inició un despliegue naval el pasado agosto que justifica en la lucha contra el narcotráfico.
Pero fue el único asalto, conocido hasta la fecha, que dejó dos sobrevivientes: un ciudadano colombiano y otro ecuatoriano. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 16 de octubre y dejaron dos ocupantes de la embarcación muertos.
Luego de que los dos sobrevivientes fueran rescatados con la ayuda de un helicóptero por los militares estadounidenses que perpetraron el ataque, fueron detenidos provisionalmente antes de entregarlos a las autoridades de sus respectivos países.
Ahora, la Fiscalía de Ecuador sostiene que no halló pruebas sobre la comisión de ningún delito ni de antecedentes penales, por lo que el hombre fue puesto en libertad. Una decisión que eleva las dudas sobre las justificaciones legales utilizadas por EE. UU. para lanzar ataques contra embarcaciones en el Caribe y cerca a aguas venezolanas.
“Tras la llegada del ciudadano, agentes antinarcóticos se acercaron a la Unidad de Flagrancia para informar a la Fiscalía, pero no se presentó ninguna denuncia ni notificación de ningún delito cometido en territorio ecuatoriano”, indicó la Fiscalía del país latinoamericano.
Washington ha justificado esas acciones en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que apunta de forma directa a la Administración de Nicolás Maduro, al que vincula con el llamado Cartel de los Soles. Caracas sigue negando las acusaciones al tiempo que se elevan las tensiones entre los dos países. Y tras el reciente asalto, los hechos también han trascendido a una disputa diplomática entre el Gobierno de Donald Trump y el de su homólogo colombiano, Gustavo Petro.
Estados Unidos continúa sin mostrar pruebas del presunto tráfico de drogas contra las, al menos, seis embarcaciones a las que ha atacado desde hace cerca de dos meses.
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¿Qué se sabe del sobreviviente ecuatoriano que ha sido puesto en libertad?
El hombre, rescatado por fuerzas estadounidenses tras la embestida de la semana pasada, llegó a Ecuador el sábado 18 de octubre y posteriormente fue liberado: la Fiscalía declaró que no existían pruebas de la comisión de ningún delito.
Un documento del Gobierno ecuatoriano obtenido por la agencia de noticias estadounidense AP indica que “no existe evidencia ni indicio que permita al ente acusador de ese país o a las autoridades judiciales tener certeza” de alguna violación de las leyes vigentes por parte del sobreviviente.
Además, un funcionario, que habló bajo condición de anonimato, indicó que el hombre fue identificado como Andrés Fernando Tufiño, quien se encuentra en buen estado de salud tras las evaluaciones médicas.
En una publicación en redes sociales, el presidente Donald Trump declaró el fin de semana que “la inteligencia estadounidense confirmó que ese barco estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales”. Pero una vez más, las presuntas evidencias siguen sin ser mostradas públicamente.
Las dudas también surgen dentro del Gobierno de EE. UU. Las inquietudes se registran tanto por parte de demócratas como de republicanos. Algunos miembros del partido oficialista afirman no haber recibido suficiente información sobre cómo se están llevando a cabo esos asaltos.
Una sesión informativa clasificada para senadores del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, celebrada a principios de este mes, no incluyó a representantes de las agencias de inteligencia ni de la estructura de mando militar para Suramérica y Centroamérica. Sin embargo, la mayoría de los republicanos de la Cámara Alta respaldaron a la Administración la semana pasada cuando se planteó la votación sobre una Resolución de Poderes de Guerra, que habría requerido que el Gobierno obtuviera la aprobación del Congreso antes de realizar más ataques.
Expertos en la materia siguen cuestionando la legalidad del enfoque que actualmente emplea la Casa Blanca. El uso de una fuerza militar abrumadora por parte del presidente para combatir a los presuntos carteles, junto a su autorización de acciones encubiertas dentro de Venezuela, posiblemente para derrocar al presidente Nicolás Maduro, sobrepasa los límites del derecho internacional, subrayan.
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Con Reuters y AP
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