Bachelet, que presentó su informe sobre Venezuela que da cuenta del asesinato de miles de personas por parte de las fuerzas de seguridad, afirmó que el ejercicio delas libertades y los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, comporta en este país “un riesgo de represalias y de represión”.
“Las principales instituciones y el Estado de derecho en Venezuela han sido erosionados“, dijo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Bachelet, que viajó a Venezuela del 19 al 21 de junio.
Ante esto, el presidente Iván Duque reaccionó y dijo, de acuerdo con Caracol Radio, que ese informe es suficiente para que la Corte Penal Internacional condene a Nicolás Maduro por su presunta violación a los derechos humanos.
“Espero que con el informe de Michelle Bachelet, la Corte no pueda solamente abrir la investigación sino tener la evidencia contundente para que se haga adecuadamente juicio y reciba su merecido a un dictador que ha acabado con el pueblo venezolano“, dijo el mandatario colombiano, a su llegada a Lima, Perú para participar en la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico.
Aun siendo muy crítica con Caracas, la Alta Comisionada estimó, sin embargo, que se tenía que “dar una oportunidad” al gobierno para poder hacer reformas, sin fijar una “fecha límite”.
Destacó un “nuevo compromiso” de Caracas después de la liberación de 62 detenidos hace unos días tras su visita y “ayer otros 22 —entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni”.
El gobierno también aceptó la presencia de dos delegados de la ONU de derechos humanos y el envío de 10 relatores especiales en los dos próximos años.
Caracas se comprometió, además, a suministrar a la ONU un “acceso total a todos los centros de detención”, indicó la Alta Comisionada.
Bachelet aseguró, ante la prensa, que iba a seguir cooperando con Caracas, pero advirtió que el “Estado tiene la responsabilidad principal de garantizar los derechos humanos”.
El informe de la ONU fue inmediatamente denunciado por Caracas como un documento lleno de “errores”. El viceministro de Relaciones Exteriores venezolano, William Castillo, presente en la ONU el viernes, exigió la “corrección” del documento.
El informe indica que desde 2018, cerca de 7.000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente de “resistencia a la autoridad”, según el gobierno, durante operaciones de seguridad.
Esta cifra es “extremadamente elevada”, según Bachelet, quien denunció las amenazas, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que sufren opositores y defensores de los derechos humanos.
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