Se trata de tres hombres y una mujer, de entre 33 y 51 años, cuya situación migratoria es irregular, por lo que serán deportados en las próximas horas.

Según informaron las fuentes, la detección del automóvil en el que viajaban, que se encontraba en la lista de vehículos con pedido de captura del sistema de reconocimiento de patentes, se realizó gracias al llamado ‘Anillo Digital Municipal’, dispositivo que hace la lectura y análisis de las matrículas de los automóviles.

Los presuntos delincuentes fueron detenidos “tras una discreta persecución a distancia guiada por las cámaras de seguridad del municipio”, en la que participaron diversas patrullas, camionetas y motos policiales.

Los acusados son oriundos de Bogotá y residentes en Buenos Aires; uno es José Antonio Castiblanco, que según las fuentes tuvo múltiples condenas en Colombia y una condena de tres años de prisión en Argentina, además de una expulsión del país que data de 2016, que aún se encuentra firme, y una nueva causa abierta en 2017.

Por su parte, Rafael Humberto Vega había sido detenido por robo agravado en diciembre de 2018 y liberado posteriormente. José Arturo Ochoa y Jenny Daryani Díaz Huertas también se encontraban en situación migratoria irregular.

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La investigación apunta a que la banda se dedicaba principalmente al robo de automóviles bajo la modalidad de “escruche”, que consiste en asaltar un inmueble o vehículo en ausencia de sus propietarios. Sin embargo, no se limitaban en exclusiva a ese tipo de delitos.

En imágenes difundidas por la municipalidad de Vicente López, donde ocurrió el arresto, se ve a la banda robando un local de venta de bicicletas.

El operativo también dejó la incautación de varios elementos y herramientas que los colombianos utilizaban en sus robos, entre ellos un inhibidor del sistema de trabas y alarmas de los vehículos y varios teléfonos celulares.

Hace dos años, el gobierno de Mauricio Macri firmó un polémico decreto por el que endureció la política argentina de migración para evitar la entrada de extranjeros que hubieran cometido delitos graves y acelerar los procesos de deportación de quienes delinquen en el país.