Esa organización señaló que el ejército ruso habría utilizado bombas de racimo en Járkov (este de Ucrania), lo que podría constituir un crimen de guerra.

La ONG señaló que las fuerzas rusas usaron estas armas “en al menos tres zonas residenciales en Járkov, la segunda ciudad de Ucrania, el 28 de febrero”.

Human Rights Watch (HRW) dice que identificó el lanzamiento de este tipo de submuniciones con un lanzacohetes 9M55K Smerch, de fabricación rusa.

“Járkov sufre ataques continuos de las fuerzas rusas, por lo que los civiles se tienen que esconder en sótanos para evitar las explosiones y esquirlas”, explicó el director de armamento de HRW, Steve Goose.

El funcionario dijo que “usar bombas de racimo en zonas habitadas demuestra un desprecio absoluto por la vida de las personas”.

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Y es que estas bombas de racimo contienen varias decenas de pequeñas bombas que se dispersan en un amplio perímetro y algunas de ellas no explotan en el momento del lanzamiento, lo que puede ser equivalente una mina antipersonal.

Pero el asunto va más allá. La Convención de Oslo de 2008 (que, por cierto, no fue firmada por Rusia), prohíbe su uso, ya que “su utilización en zonas habitadas por algunos ejércitos provocó, en los países implicados, daños humanitarios desproporcionados”. Así lo detalló un informe del Senado francés, citado por AFP.

El País, de España, mostró varias imágenes que dan cuenta del uso de este armamento en ciudades ucranianas. Los impactos se ven en varias estructuras.

Ese medio contactó al general de brigada Esteban Verástegui, militar retirado que explicó que las bombas de racimo se caracterizan porque su cabeza de guerra, bastante pesada, lleva “unas 200 submuniciones”. 

De hecho, un video que fue captado muy cerca de un hospital infantil en Ucrania muestra un ataque en el que se pudo haber usado esa munición, teniendo en cuenta los múltiples impactos en tierra.

Además de las bombas de racimo, Rusia estaría usando bombas de vacío, que han sido comparadas con munición nuclear de baja intensidad y están prohibidas por la Convención de Ginebra.

Acá, el informe de El País: