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Por Laura Martel
En su juicio en primera instancia el pasado mes de marzo, Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos sin libertad condicional y con brazalete electrónico, una multa de 100.000 euros y una pena de inelegibilidad de cinco años con ejecución provisional que le impide, por el momento, ser candidata a la presidencia en 2027.
El motivo: más de 4,4 millones de euros recaudados por el Frente Nacional —rebautizado desde entonces como Agrupación Nacional— a través de 40 contratos celebrados por una decena de sus eurodiputados durante un periodo de 12 años, entre 2004 y 2016. En su momento, el tribunal denunció un “auténtico sistema organizado” de malversación de fondos para permitir al FN “ahorrar” haciendo que el Parlamento Europeo financiara a asistentes de eurodiputados que, en realidad, trabajaban para el partido.
En total, 24 acusados (exdiputados europeos, exasistentes, dirigentes del partido…) fueron declarados culpables. Si bien 12 aceptaron su condena, otros 12 decidieron recurrir y se les presume inocentes, en particular el propio partido y cinco exdiputados europeos, entre ellos Marine Le Pen.
Condenada por partida doble
Esta última fue condenada, por un lado, a título personal, por contratar a asistentes parlamentarios, como el guardaespaldas de su padre, por un total de 474.000 euros, y, por otro, como presidenta del FN —a partir de 2011—, lo que la llevó a desempeñar un papel “central” en el sistema fraudulento, según los jueces. Sus abogados no han querido hacer declaraciones antes del juicio de apelación.
Marine Le Pen, que siempre ha proclamado su inocencia y es presunta inocente, criticó en su momento una sentencia “política”. El lunes 12 de enero, declaró que “diría la verdad como en primera instancia, con la esperanza de ser mejor escuchada”.
El futuro político de Marine Le Pen en juego
En cualquier caso, la próxima decisión judicial tendrá consecuencias políticas. En la actualidad, Marine Le Pen no puede presentarse a las elecciones porque su condena de cinco años de inelegibilidad ha sido acompañada de una “ejecución provisional”, es decir, que no queda suspendida por la apelación.
Los jueces justificaron esta medida, que ha sido objeto de polémica, por la “gravedad de los hechos”: “la magnitud” y “la duración” de las malversaciones, así como sus consecuencias para los ciudadanos y el Parlamento Europeo (ya sea por las sumas malversadas o por el menoscabo del juego democrático), y más aún “por parte de representantes electos”.
“La falta de reconocimiento de los hechos” por parte de los acusados y su repetida negación de cualquier infracción “en contravención de las normas del Parlamento Europeo” también hacían temer una posible reincidencia, argumentaron los magistrados.
Un candidato del RN a las elecciones presidenciales de septiembre
Al término de este juicio de apelación, la decisión ideal para Marine Le Pen sería, por supuesto, la absolución, que anularía toda la pena. Una condena sin inhabilitación o inferior a dos años —que le permitiría eventualmente presentarse a las elecciones presidenciales, ya que el periodo de inhabilitación comenzó el pasado mes de marzo— también sería un mal menor.
Este lunes, la líder del RN precisó que, incluso en caso de condena en apelación, su partido designaría a su candidato a las presidenciales de aquí a septiembre, sin esperar una posible decisión del Tribunal de Casación.
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