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Este artículo fue curado por pulzo   Ene 19, 2026 - 1:55 pm
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El ecuatoriano Álex Pillajo entró en un centro de detención del ICE en septiembre de 2025, pese a tener una solicitud de asilo aprobada y un permiso de trabajo vigente.

Tras ser detenido por un incidente menor, su caso pasó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Estuvo recluido casi tres meses, antes de recibir una orden de expulsión obligatoria.

Su nombre hacía parte de lo más de 65.000 migrantes que permanecían detenidos por ICE hasta finales de noviembre, en medio de la presión de la Casa Blanca por elevar ese número a más de 100.000.

“Los guardias del ICE discriminan a la gente, la comida es pésima, no te dejan salir al patio a recrearte, te tienen todo el día encerrado y hay horas para el conteo de los presos”, describe Pillajo por teléfono desde Quito, el mismo lugar del que huyó hace un par de años.

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En 2023, Pillajo tomó un avión rumbo a Nicaragua, antes de comenzar “una travesía de 30 días, de bus en bus, de frontera en frontera”, hasta EE. UU.

 “Salí de Ecuador porque tenía miedo, era acosado políticamente por ayudar a los indígenas en las protestas“, asegura, antes de describir panfletos “con recortes de indígenas muertos” que recibió tras denunciar a la policía por haber recibido una paliza.

“Decían que me iban a meter preso o a desaparecer”, recuerda.

Al final de la escapada, llegó a Nueva Jersey el 23 de diciembre de 2023, mal día para iniciar la búsqueda del sueño americano. “Nadie me daba trabajo por las festividades”, recuerda.

Las amenazas se extendieron a su familia. Y ante la imposibilidad de tomar un avión, recorrió más de 4.500 kilómetros por tierra, incluido el paso por el letal Tapón del Darién.

Ya en Estados Unidos, Álex se empleó en la construcción antes de entrar a una fábrica de alfombras hasta que un encuentro con el ICE pulverizó los pronósticos.

“Van contra todo lo que se parezca a un migrante”

El asesor de seguridad de Trump, Stephen Miller, manifestó públicamente en mayo de 2025 que la misión del ICE era ejecutar “un mínimo” de 3.000 arrestos diarios, un aumento exponencial frente a los 33.243 arrestos del grupo en todo el año fiscal 2024, según el reporte anual de la institución.

“Como tienen cuotas muy fuertes de arrestar cierto número de personas a la semana, bajo amenaza de despido, están atrapando a quien puedan. Vemos casos de mujeres o menores de edad o de ciudadanos que no son deportables y terminan siendo liberados”, señala a France 24 Ernesto Castañeda, profesor y director del Laboratorio sobre la Inmigración de American University en Washington D.C.

El abogado constitucionalista Ricardo Peñalver es más directo: “Van contra todo lo que se parezca a un migrante”. Y condena que el ICE “se está utilizando como un arma de control político” al ser desplegado en bastiones demócratas “claves para ganar una elección”, como Chicago, Los Ángeles o Nueva York.

Pillajo identificó en el centro de detención del ICE lo que describen los expertos.

“Me encontré a mucha gente que por el simple hecho de no tener licencia de conducir, los detenían y les daban el cargo de felonía (delito grave)”, recuerda el ecuatoriano, que llegó a esas instalaciones por un cargo ajeno a la legislación migratoria.

“Estábamos una noche en casa de mis papás y hubo una discusión verbal con mi hermana. La vecina llamó a la policía: les explicamos todo, pero me esposaron y me metieron a la cárcel del condado… Cuando mi familia pagó la fianza de mi salida, simplemente les dijeron que el caso había pasado a migración”, narra Pillajo, quien para entonces ya había sido trasladado a las instalaciones del ICE.

El ecuatoriano fue procesado por escándalo público, aunque confiesa que desconoce los pormenores de su caso. “Los agentes de ICE no te ayudan a traducir, solo te hacen firmar la orden de expulsión”. El despacho 1800 Migrante, que ejerció la defensa de Pillajo, denuncia que “no respetaron su debido proceso”.

Al margen del número de arrestos impuestos al ICE, la Casa Blanca solicitó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) “proporcionar entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes”, según una directriz filtrada en diciembre por ‘The New York Times’.

La nueva cuota de retirada de nacionalidad implica una escalada drástica, ya que entre 1990 y 2017 solo hubo una media de 11 casos por año.

Más de 22.000 hombres y 75.000 millones de dólares 

Antes de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca en enero de 2025, el ICE tenía 10.000 agentes y un presupuesto de 8.000 millones dólares anuales. Un año más tarde, goza de 22.000 efectivos y cerca de 30.000 millones de dólares al año, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El catalizador de la expansión del ICE fue la aprobación en julio en el Congreso de la reforma fiscal de Trump, conocida como la “One Big Beautiful Bill” (la “Gran y Hermosa Ley”), que entre otras cosas asignó al cuerpo de seguridad unos 75.000 millones de dólares adicionales para los próximos cuatro años.

Uunos 45.000 millones se destinarán a construir nuevos centros de detención –como en el que durmió tres meses Álex Pillajo– y casi 30.000 millones serán para reclutamiento y ejecucion de objetivos. 

En total, el gasto del ICE es comparable con lo que invierten en defensa países como España.

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“El gran éxito del proyecto trumpista es aprobar la Beautiful Bill donde se cumplen muchos deseos de MAGA, entre ellos un presupuesto muy alto para ICE y la Border Patrol”, destaca Ernesto Castañeda.

Con la financiación asegurada, el DHS emprendió “el esfuerzo de reclutamiento más rápido en la historia de la agencia”, con una estrategia que recortó los límites de edad y ofreció bonificaciones de hasta 50.000 dólares a nuevos agentes.

Además, el Gobierno redujo la capacitación de los nuevos agentes de cinco meses a menos de 50 días, denunció el senador demócrata Mark Warner, respaldado por medios como ‘The Atlantic‘, ante la opacidad de la Casa Blanca sobre el tema.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó en septiembre haber recibido más 150.000 solicitudes de ingreso al ICE, por las que hizo 18.000 ofertas de trabajo.

A la medida de MAGA

El ICE opera bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se divide en dos divisiones principales: la de Operaciones de Cumplimiento y Remoción (ERO) —responsable de detener y deportar a personas sin estatus migratorio legal— y la de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) —enfocada en delitos transnacionales, tráfico de personas o contrabando de drogas y armas—.

El área que persigue a extranjeros sin permiso de residencia está liderada por Tom Homan, conocido como el ‘zar de la frontera’, que ya había dirigido al ICE en 2017 bajo la primera Administración de Trump. 

Homan fue uno de los arquitectos de la política de separación familiar, bajo la cual más de 5.500 hijos de inmigrantes fueron apartados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México en 2018.

“Si estás aquí ilegalmente, más te vale estar mirando sobre tu hombro”, ha sido una de las frases que han definido su liderazgo frente al cuerpo de detención de inmigrantes.

Bajo su guía, el ICE completó en 2025 uno de los años más sangrientos de su historia, con 32 personas muertas bajo custodia, según un análisis de ‘The Guardian’ a partir de datos del ICE y la asociaciones independientes.

Las muertes documentadas incluyeron causas como convulsiones, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, insuficiencia respiratoria, tuberculosis y suicidio.

Además, nueve personas han sido baleadas por el ICE, una de ellas Renee Nicole Good, una madre de familia y poeta baleada en Minneapolis, cuya muerte desató una serie de acaloradas protestas en la misma ciudad que cinco años atrás se conmocionó con la muerte de George Floyd.

El ICE vs. la Cuarta Enmienda

El ERO, como agencia federal encargada de hacer cumplir leyes de inmigración, opera normalmente en el espectro civil del derecho, no en el penal, por lo que la orden de un juez no es la única herramienta que habilita a sus hombres para detener a un extranjero. 

De hecho, el documento más utilizado por la entidad es la orden administrativa, que requiere solo la firma de un oficial del ICE —no un juez—, que determine que existe una “sospecha razonable” de que la persona señalada ha infringido la legislación.

La discusión sobre la legalidad del modus operandi del ICE alude a la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a las personas contra registros e incautaciones irrazonables o arbitrarias, al exigir que haya una causa probable (“reason to believe”) de que se ha cometido un delito, más que una simple sospecha.

El término “causa probable” ha sido interpretada de manera radicalmente más laxa bajo la Administración de Donald Trump, coinciden los abogados consultados por France 24.

Las dudas sobre el uso del concepto se han materializado en el Caso Noem vs. Vasquez Perdomo, en el que la Corte Suprema estudia actualmente los límites constitucionales del ICE.

Una corte distrital de Los Ángeles concluyó que una serie de arrestos del ICE en lavaderos de autos, sedes de Home Depot, paradas de autobús y otros puntos de confluencia de migrantes se habían ejecutado con base en la apariencia, el acento, el punto de reunión o el tipo de trabajo de los detenidos, por lo que la jueza Sara Ellis emitió una Orden de Restricción Temporal (TRO) que prohibía las detenciones con base “únicamente” en esos cuatro criterios.

Pero la Corte Suprema, a la que apeló la Administración Trump, suspendió preliminarmente el 8 de septiembre la TRO, a la espera de emitir una resolución final, por lo que esas características aún son consideradas por agentes del ICE como una sospecha razonable.

Así lo demuestra la detención de Ramon Meneras en Minneapolis, difundida por ‘CNN’. “Estoy escuchando que tiene acento, así que tengo razón para creer que no nació en este país”, justifica el agente enmascarado del ICE mientras le asegura las esposas.

“Estas detenciones son ilegales, basadas en perfiles raciales, y una violación de la cláusula de igualdad”, concluye el abogado de inmigración Ángel Leal, quien destaca que “el estereotipo no debería constituir una sospecha razonable que justifique una retención”.

Al tiempo que se multiplican las detenciones en el terreno, la Administración estrecha el cerco burocrático para los extranjeros, resalta el abogado Haim Vasquez: “Muchas personas con problemas de migración tenían la oportunidad de estar libres bajo condición de reportarse o bajo fianza, pero a día de hoy no la tienen”.

A Álex Pillajo le suena familiar la explicación. “Me negaron la fianza. Salí con orden de expulsión por decisión de un juez, a pesar de que tenía un récord (historial) limpio. Solo tenía una infracción por exceso de velocidad y otra por no parar completamente en un alto… ambas fueron pagadas”.

En el primer año de cuatro, la Administración Trump ha dejado claro que quiere cumplir a toda costa la promesa al electorado republicano de las deportaciones masivas. Una estrategia que está llevando al límite a comunidades enteras, separando familias y elevando la ira de los estadounidenses que no están de acuerdo con esta cruzada que ya les empieza a afectar directamente.

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