Inglaterra ha enfrentado desde diciembre una nueva cepa de coronavirus más contagiosa y posiblemente más letal y como resultado ha visto el acelerado incremento de pacientes nuevos y víctimas.
Mientras el país ha estado sumida en una imparable tercera ola desde el descubrimiento de la variante, el gobierno no ha dejado de ser criticado por sus políticas erráticas, algo que se vio desde el principio de la pandemia.
Tardó en suministrar material de protección suficiente al personal sanitario, dudó en imponer a la población el uso de mascarillas —que siguen sin ser obligatorias en el exterior y algunas personas evitan incluso en interiores—, se resistió a aplicar confinamientos en el primer pico (marzo-junio) y el segundo (noviembre), y a controlar los viajes internacionales.
Ahora, pese a que desde hace semanas todo el país está confinado por tercera vez, con las escuelas cerradas, no cesa de batir récords de muertos y los hospitales siguen superados frente al aumento de pacientes con síntomas graves.
En las últimas 24 horas se registraron 1.923 nuevas muertes confirmadas por COVID-19, lo que lleva el balance total a 102.085 fallecidos, según datos del ministerio de Sanidad.
“Es difícil calcular la pena contenida en esa sombría estadística, los años de vida perdidos, las reuniones familiares a las que no se ha asistido y, para tantos familiares, la oportunidad perdida incluso de decir adiós”, afirmó Johnson en rueda de prensa.
Conmocionado por las víctimas, agregó:
“Lamento profundamente cada una de las vidas que se han perdido y, por supuesto, como primer ministro, asumo total responsabilidad de todo lo que ha hecho el gobierno”.
“La mortalidad empezará a descender lentamente en las próximas dos semanas y probablemente se mantenga estable durante un tiempo”, consideró el director médico de Inglaterra, Chris Whitty, advirtiendo que “se añadirán más muertes a este tristísimo total”.
En el país más castigado de Europa, el ejecutivo se enfrenta a incesantes críticas desde que se registró el primer muerto por covid-19 el 5 de marzo de 2020 y poco después se comprobó que no tenía capacidad para realizar pruebas de diagnóstico ni rastrear eficazmente los contactos.
Un epidemiólogo advirtió que de no confinar a la población podrían registrarse 250.000 muertes. Las autoridades sanitarias consideraron después que si limitaban los fallecimientos a 20.000 sería “un buen resultado”.
Para intentar superar la crisis, el gobierno británico centra ahora su estrategia en su masiva campaña de vacunación iniciada el 8 de diciembre. Desde entonces ha inoculado a 6,8 millones de personas con las vacunas desarrolladas por Pfizer/BioNTech y AstraZeneca/Oxford y tiene el objetivo de sumar 15 millones a mediados de febrero: todos los mayores de 70 años, personal sanitario y personas con problemas graves de salud.
Pero este ritmo podría verse amenazado por los retrasos en las entregas de las próximas dosis, por los que la Unión Europea ha advertido sobre posibles acciones legales contra las farmacéuticas que incumplan sus compromisos.
Sin embargo, el secretario de Estado británico para la vacunación, Nadhim Zahawi, consideró el martes que esto no afectará a sus esfuerzos.
“Confío en que tanto AstraZeneca como Pfizer (…) nos proporcionarán las cantidades que necesitamos para cumplir nuestro objetivo a mediados de febrero”, declaró a Sky News.
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