El dióxido de cloro es un poderoso agente oxidante, utilizado como blanqueador y desinfectante y varios países han prohibido su uso como medicina contra el COVID-19. Incluso, se han producido casos fatales por su consumo, como le sucedió a un niño de 5 años en Argentina.

La misma ley define el dióxido de cloro como “agua mineral que resulta de la combinación de Clorito de Sodio (NCL02) al 28 % más ácido clorhídrico (HCL) al 4 %, el cual será aplicado para la prevención y tratamiento del COVID-19”.

La gobernación tiene la protección sobre el Servicio Departamental de Salud que administra una parte de los hospitales públicos de La Paz. Otros hospitales están en manos del Ministerio de Salud y las alcaldías de las ciudades de La Paz y su vecina El Alto.

La gobernación podrá suscribir acuerdos con universidades y laboratorios privados para la  elaboración del dióxido de cloro, agrega la norma de nueve artículos.

Otras gobernaciones, como las andinas Oruro y Potosí, autorizaron en meses pasados el uso del producto para enfermos de coronavirus.

El Parlamento también dio luz verde en agosto pasado a una ley para el uso del CDS.

Un comité científico que asesora al gobierno transitorio anticipó en junio pasado que el consumo del producto conlleva efectos, como fallas respiratorias, trastornos sanguíneos, presión arterial baja, falla hepática, anemia, vómitos y diarrea.

El COVID-19 contagió hasta la fecha en todo el país a más de 123.300 personas y dejó más de 7.100 decesos, de una población de 11 millones de personas.

La Paz es la segunda región de Bolivia más golpeada por la pandemia. En Colombia, el Invima negó el uso de la sustancia en hospitales.