La información fue confirmada por la fiscalía de Perú luego de que medios locales señalaran que el tribunal, integrado por dos mujeres y un hombre, considerara para desacreditar la acusación que “la supuesta personalidad (tímida) que presenta la presunta víctima no guarda relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos”.

Los jueces mencionaron, además, que en los testimonios de la denunciante existirían “omisiones”, mientras que el imputado sostuvo que fue acusado “por venganza”.

Tras hacerse públicos esos argumentos, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) informó este lunes que iniciará una investigación preliminar del caso, mientras que la fiscalía solicitó la nulidad de la sentencia y que se abra un nuevo juicio.

El Ministerio Público señaló que la resolución fue tomada el pasado jueves por los integrantes del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur en un proceso abierto en Ica, una ciudad ubicada unos 300 kilómetros al sur de Lima, por presunta violación contra un hombre de 22 años.

Los magistrados incluyeron en sus argumentos que “la máxima de la experiencia” indica que el uso de “este tipo de atuendo interior femenino suele ser para ocasiones especiales y momentos de intimidad”.

“Por lo (que) conlleva a inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado”, agregaron.

Carlos Guillermo Yalle, fiscal adjunto provincial, interpuso una apelación “para que se adecué un mejor estudio y debida valoración la actividad probatoria; se declare la nulidad y se disponga un nuevo juicio ante otro juzgado con las debidas garantías contra el acusado”.

El Ministerio de la Mujer manifestó, por su parte, su “profundo rechazo” ante los argumentos de los magistrados y consideró que “no se encuentran conforme con las normas vigentes nacionales e internacionales al contener un razonamiento estereotipado y revictamizante para la denunciante del caso”.

“La erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres solo podrá ser posible con un poder judicial imparcial y consciente de su rol fundamental frente a los fines de la erradicación de la violación y discriminación basadas en género”, enfatizó.

La OCMA informó, por su parte, que coordina con su oficina en la Corte Superior de Ica para el inicio de las investigaciones a los jueces, identificados como Ronald Anayhuamán Andia, Diana Jurado Espino y Lucy Castro Chacaltana.

El organismo indicó que se acopiarán los elementos necesarios para “analizar y aclarar” una supuesta inconducta funcional de los jueces, tras lo cual se determinará si se inicia una investigación disciplinaria.

Tras conocerse este caso, integrantes de colectivos feministas y de derechos humanos se manifestaron frente a las sedes principales del poder judicial de Ica y de Lima para rechazar los argumentos usados para archivar este caso con una “sentencia machista”.

Mientras que las activistas mostraron prendas interiores de color rojo, la organización feminista Flora Tristan calificó la resolución de “indignante” y demandó una “investigación y sanción para los magistrados”.

La defensoría del pueblo peruano rechazó, por su parte, los “argumentos basados en estereotipos de género utilizados” en la sentencia judicial y enfatizó que “estos términos revictimizantes deben desterrarse” de todos los procesos de investigación.