El juicio político contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, obedece a su vinculación en la polémica venta de la minera Dominga en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal. Esa transacción fue revelada en los ‘Pandora Papers’.
Los parlamentarios lograron reunir los 78 votos que se requerían para que la acusación que busca la destitución del Presidente de Chile avanzara hacia el Senado.
El abogado de Piñera, Jorge Gálvez, cerró su defensa ante el plenario y enfatizó: “Les ruego, honorables diputados y diputadas, rechazar esta injusta e improcedente acusación constitucional”.
La acusación constitucional, como se conoce en Chile este recurso que busca la destitución del presidente Piñera —que está en la recta final de su segundo gobierno iniciado en marzo de 2018—, fue presentada la primera semana de octubre por el arco de la posición socialista y de izquierda al gobierno.
El debate empezó a las 10:25 de la mañana del lunes, hora local, por el diputado socialista Jaime Naranjo, que leyó durante 15 horas 1.300 páginas para argumentar la acción legislativa contra el mandatario y para que en Chile “se termine la impunidad” de quienes tienen poder.
Esta fue una de las frases más escuchadas y su contenido tiene un enorme eco en este país después de la crisis social que estalló en 2019.
Al destacar que en el caso de la minera Dominga se hizo una supuesta negociación incompatible, Naranjo dijo: “Actuando como presidente, se benefició [a él] y a su familia de modo directo, con información que tenía en el ejercicio de su cargo. Y siguió negociando e hizo subir el precio de Dominga“, sostuvo sobre la operación hecha en 2010, cuando el mandatario asumía su primer gobierno.
Ahora la acusación contra Piñera pasa a la Cámara de Senadores, que actuaría como jurado para sellar el futuro del presidente chileno, aunque en esta instancia no contaría con los votos necesarios para destituirlo e inhabilitarlo de por vida para acceder a cargos públicos.
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