El operativo policial fue realizado a pedido de la fiscalía que solicitó el “allanamiento” de la “zona residencial del palacio de gobierno”, dijo la Corte de Justicia en un comunicado.

Después de casi cuatro horas de búsqueda, los agentes se retiraron de la residencia presidencial sin hallar a Paredes, para los efectos prófuga de la justicia.

El operativo no tiene precedentes en la historia peruana, donde jamás la justicia había ingresado a la sede del poder Ejecutivo para detener a una persona.

Castillo y su familia, incluida su cuñada, de 26 años, quien considera “padres” al presidente y su esposa, viven en la residencia presidencial que forma parte del Palacio de Gobierno.

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Por este caso Paredes ya había sido citada a declarar ante el ministerio público y a comparecer ante una comisión de control del Congreso peruano, a mediados de julio.

La fiscalía tiene abiertas cinco investigaciones contra el propio presidente Castillo por supuesta corrupción, otra situación sin precedentes contra un presidente en ejercicio de sus funciones. Eso además de un pedido de que se le acuse por traición a la patria, emitido este mismo martes.

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Castillo reaccionó a la insólita situación a través de un mensaje transmitido por televisión, calificando lo ocurrido como un “allanamiento ilegal” que forma parte de un supuesto plan mediático para sacarlo del poder en complicidad con la oposición derechista del Congreso.

“Hoy Palacio de Gobierno y la Casa presidencial una vez más han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por 5 años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo Gobierno”, aseguró Castillo, un maestro rural y sindicalista de 52 años.

Castillo cumplió en julio un año en el poder, y además del cerco judicial ha enfrentado dos intentos de destitución del Congreso, y cuenta una desaprobación de 74% en la opinión pública, según encuestas.

La actuación judicial ocurrió en simultáneo en distintas locaciones de la capital peruana, en la que fueron detenidos otros involucrados con la trama. La cuñada de Castillo es la cuarta persona del entorno presidencial investigada por casos de presunta corrupción.