Esos gobiernos “no reconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela que concluyó el pasado 20 de mayo, por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”, señala el comunicado.
Por ello, los países firmantes -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía- “acuerdan reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocar a los embajadores de Venezuela para expresar nuestra protesta”, prosigue.
El grupo decidió además convocar una reunión “durante la primera quincena de junio” en Perú con altos responsables del tema migratorio, para tratar “el preocupante incremento en los flujos de venezolanos que se ven obligados a abandonar su país y por el impacto que esta situación está teniendo en toda la región”.
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Prevé igualmente “coordinar acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto cuando el financiamiento sea utilizado en acciones de ayuda humanitaria”.
Llama por último a “intensificar y ampliar el intercambio de información de inteligencia financiera, a través de los mecanismos existentes, sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas”.
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