El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, señaló que con los cambios a la ley de garantías se habilita la celebración de convenios interadministrativos, que tienen alta discrecionalidad para ejecutar recursos públicos.
Así pues, anota, se incrementará el riesgo de corrupción, teniendo en cuenta el grado de politización vivido en el país.
De hecho, Hernández señala que ya se está “evidenciando una alta presión por asegurar recursos para financiar campañas al Congreso y a la presidencia”.
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“Por lo tanto, esta modificación a la Ley de Garantías puede servir de incentivo para que intereses particulares busquen capturar esos fondos públicos y desviarlos hacia gastos de campaña”, agregó.
Ley de garantías, tumbada, supuestamente, por la reactivación económica
Uno de los caballitos de batalla para impulsar esa iniciativa en el Congreso de la República fue que había que impulsar la reactivación económica para paliar la crisis causada por la pandemia de COVID-19.
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En ese sentido, el director de Transparencia por Colombia dijo en un comunicado que si se pretende reactivar la economía lo que se podría hacer es habilitar licitaciones públicas, pues son menos discrecionales y tienen más controles. Eso, expone, cerraría la llave de los convenios interadministrativos.
“Este no era el momento oportuno para hacer ese tipo de modificaciones, teniendo en cuenta que el contexto electoral prácticamente ya se ha iniciado y que los riesgos de corrupción aumentan”, concluyó.
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