Sin embargo, este año incluso el presidente Iván Duque y muchos de sus copartidarios impulsaron la iniciativa de suspender esa norma, so pretexto de la reactivación económica después de la pandemia de COVID-19.

Y es que tanto el mandatario, como la mayoría de los congresistas del Centro Democrático, se habían opuesto de manera férrea a que esto sucediera cuando el gobierno anterior lo propuso, haciendo naufragar su intención.

El espíritu de la ley de garantías es cortar de raíz la posibilidad de que los dineros de contratación pública se filtren a campañas electorales y sean usados para favorecer candidatos o movimientos políticos en los meses previos a las elecciones.

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Aún así, el Gobierno desdeñó esas objeciones y antepuso la necesidad de recuperar la economía después de la crisis, y su empeño parece estar dando frutos.

En la tarde de este martes, la plenaria del Senado negó primero una propuesta de eliminar ese, el artículo 125, del articulado del Presupuesto General de la Nación para el 2022. La votación fue de 48 votos en contra, frente a 31 a favor.

Acto seguido, los senadores aprobaron el texto como venía, con una votación todavía más aplastante, de 54 votos a favor y 30 en contra.

A la propuesta le faltaría solo el aval de la Cámara de Representantes para ser una realidad. De conseguirlo, principalmente alcaldes y gobernadores estarían autorizados a ejecutar convenios interadministrativos sin importar que sea época electoral. En circunstancias normales, esto ya quedaría prohibido desde noviembre próximo.

En redes sociales, figuras principalmente de oposición manifestaron su rechazo a lo sucedido, con duros términos como “ya empezaron a robarse las elecciones” y “fraude masivo”.

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