La captura el sábado pasado de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, y el posterior anuncio del presidente Iván Duque de su extradición hacia Estados Unidos, en donde tres cortes federales lo solicitan para que responda por delitos relacionados con el narcotráfico, son hechos que también tocan las puertas de la campaña hacia las elecciones presidenciales del 2022.

No bien el jefe del Clan del Golfo cayó en poder de las autoridades en zona rural de Necoclí (Antioquia), el Gobierno Nacional le dijo al país que ya estaba trabajando en su extradición. La pregunta que ha surgido es que, si bien el delincuente puede ser responsable de los delitos de narcotráfico que le imputan en Estados Unidos, esas conductas punibles son menos graves que las que cometió en Colombia, que tiene que ver con masacres, asesinatos de líderes sociales, hechos de violencia sexual.

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Por eso, entre todos los aspirantes que están en el partidor con miras a llegar a la Casa de Nariño el año entrante, los que integran la Coalición de la Esperanza fueron los que se manifestaron al respecto. Sus pronunciamientos, además de tener como común denominador la preocupación por las víctimas del criminal, anuncian también quizás una postura nueva de Colombia frente al tema de la extradición si alguno de ellos llega al poder.

Para Sergio Fajardo, por ejemplo, alias ‘Otoniel’ “debe ser juzgado y condenado en Colombia por sus múltiples crímenes, de cara a sus víctimas y aportando verdad, antes de ser extraditado a Estados Unidos, donde solo será procesado por narcotráfico”.

El exgobernador de Antioquia agregó en Twitter que esa “extradición anticipada sería una muestra más de la debilidad de nuestro sistema de justicia y del poco interés por reformarlo. La cooperación con Estados Unidos debe ser una herramienta complementaria, pero no debe jamás reemplazar la justicia colombiana”.

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Otra figura prominente de la Coalición, Juan Manuel Galán, se pregunta en esa misma red social: “¿En dónde quedan las víctimas en el proceso de extradición de ‘Otoniel’?”. Y asegura que los delitos conexos al narcotráfico “no pueden estar por encima de las víctimas, sus reclamos de justicia y procesos integrales de reparación y no repetición”.

Galán también considera que el Estado “debe darle prioridad a la protección de las víctimas y no solo a los delitos del narcotráfico. Esto no puede seguir pasando. La extradición de grandes capos de la droga ha dejado a las víctimas esperando justicia. A pesar de todas las extradiciones que se hacen cada año, el negocio del narcotráfico no cambia, ni la lucha contra el narcotráfico. Solo cambian los capos de turno que tarde o temprano caen”.

Y lanza una suerte de consigna: “No a la extradición hasta que alias ‘Otoniel’ entregue información y bienes en Colombia. Extradición sí, pero no como premio a los narcotraficantes”.

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Jorge Enrique Robledo, por su parte, asegura que “en ningún país que se gobierne con seriedad capturan a un delincuente que delinquió en su territorio, y en vez de juzgarlo, condenarlo y sancionarlo en ese respectivo país, lo envían a otro país para que sea en otro sitio donde tenga la prioridad de juzgarlo y condenarlo. Es una equivocación garrafal. Es un problema de la dignidad de la república de Colombia, que debe ser protegida”.

Finalmente, Juan Fernando Cristo, reconoce un hecho que aplauden todos los colombianos: “Seamos claros: la captura de ‘Otoniel’ es un gran golpe de las fuerzas militares al crimen organizado tras años de persecución. […] Pero compararlo con el de Pablo Escobar es absurdo. Como tampoco significa el fin del Clan del Golfo y mucho menos del narcotráfico”.

Asegura que con la extradición de ‘Otoniel’ “es importante que sus víctimas no queden como las de los jefes paramilitares. La Corte Suprema y el Gobierno pueden condicionar su extradición a la comparecencia ante la justicia colombiana, su colaboración y compromiso con verdad y reparación”.

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