La también gerente de la constructora fundada por Hernández indicó que Petro y Barreras habrían incurrido en presuntos delitos como violación de los topes o límites en gastos de campaña y fraude procesal.

“Estas denuncias se basan en los videos publicados esta semana por los medios de comunicación. En estos, se aprecian conversaciones que dan cuenta sobre aportes realizados por empresas y empresarios a la campaña de Gustavo Petro, que no aparecen en los registros de aportes a campaña entregados al Consejo Nacional Electoral”, manifestó Oliveros en un comunicado.

En su misiva, la esposa de Hernández indicó que una de las denuncias fue interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia.

La otra, por presunto fraude procesal, fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, Oliveros pidió que se haga una citación a imputación de cargos por este presunto delito.

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El Tribunal Superior de Bogotá aceptó una tutela que varios ciudadanos interpusieron para exigir un último debate entre los dos candidatos presidenciales.

La Sala Séptima de ese Tribunal ordenó a Hernández y Petro ir a un debate que se debería organizar en el sistema de medios públicos, encabezado por el canal RTVC. El mismo debería hacerse, a más tardar, el jueves 16 de junio.

Cuando se interpuso la tutela, el equipo jurídico de Hernández expresó por escrito su oposición a la misma, argumentando que el programa de gobierno del candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción era claro y estaba en diferentes redes sociales.

“La asistencia a los debates no es una obligación para los candidatos a la Presidencia de la República, sino una facultad potestativa”, señalaron los abogados de Hernández ante la acción de tutela.

Esto dijo Socorro Oliveros: