La presunta compra de votos que involucra a Álex Char tiene  el ámbito político agitado en época de campaña electoral. 

En estos momentos, el movimiento de dinero es evidente, dicen algunos expertos. Por eso el país está alerta y tiene los ojos puestos en estas elecciones. Por ejemplo, los periodistas de La W Radio mencionaron que una campaña al Senado estaba por la nubes y, entre risas y bromas, decían que la cifra de 5 mil millones que alguno de ellos sugería que costaba una campaña al Senado era muy conservadora e inocente. 

El Consejo Nacional Electoral, para los comicios de 2022, solo permitirá el gasto de 3.000 millones de pesos para Senado y 1.000 millones de pesos para Cámara de Representantes. Sin embargo, muchos aseguran que esos topes son líneas imaginarias que nadie obedece. Límites en el papel. Para muchos analistas políticos, una campaña al Congreso de la República pasa sobrado los 15 mil millones de pesos. 

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Según el CNE, una lista al Senado puede gastar hasta $96.215.827.231, destinando esos dineros en cada candidato, pero sin superar los 3.000 millones por aspirante.

Según el analista político Jhon Mario González, las variables a tener en cuenta para hacer este tipo de cálculo son muchas. La popularidad del aspirante, por ejemplo; esto es, si es ya reconocido en el mundo político colombiano, o de quién sea su padrino político. Es decir, un recomendado de un político famoso no gastaría lo mismo que un desconocido. Si apenas está ingresando al mundo de la democracia participativa los gastos pueden ser mucho más altos. 

Según el columnista y analista político, un candidato podría invertir hasta 15 mil millones de pesos en una campaña política, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral, CNE, permita menos de la mitad de esa cifra.

“Las campañas son realmente costosas. Los topes permitidos por el CNE se ajustan muy pocas veces a las realidades que tienen los candidatos”, sostuvo el analista.

Es decir las cifras se maquillan y para acceder a una curul en el Congreso se deben tener varios miles de millones de pesos. Ante lo cual los entes de control deben crear mecanismos para poder vigilar y castigar a quienes se pasen esos topes.