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En una reciente rueda de prensa celebrada en Quindío, Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), destacó su inquietud respecto al nuevo proyecto de decreto que estudia el Ministerio de Vivienda. Este borrador legal plantea que los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) solo podrían fijarse en pesos colombianos, eliminando la tradicional referencia al salario mínimo durante las fases iniciales de la comercialización de estos inmuebles. Según Herrera, esta propuesta no solo representa un control artificial sobre los precios, sino que tampoco contribuye a reducir el costo final de la vivienda; por el contrario, implicaría una menor oferta y dificultaría el acceso a la vivienda digna y formal para miles de familias colombianas.
El dirigente gremial recordó que, en la actualidad, el marco legal permite establecer el valor de la vivienda de acuerdo al peso colombiano o al salario mínimo, siendo el precio vigente el que opera al momento de la escrituración. Para Camacol, la modificación planteada afecta directamente la viabilidad de los proyectos VIS al desincentivar la construcción y generar dudas sobre las facultades del Ejecutivo para intervenir de manera directa en el mercado inmobiliario. Herrera señaló que la vivienda dista de ser un bien de consumo instantáneo; su desarrollo comprende fases de planeación, preventa, construcción y entrega, con ciclos que se extienden entre cuatro y cinco años. Este plazo implica que los precios están sujetos a las variaciones en costos de materiales, mano de obra, tasas de interés y regulaciones, factores que exigen cierta flexibilidad en los valores acordados con los compradores para asegurar la sostenibilidad de los proyectos.
Otro de los aspectos resaltados por Camacol apunta al impacto que esta norma tendría sobre los instrumentos de la política de vivienda, como los subsidios de las cajas de compensación y los créditos preferenciales, los cuales, bajo el sistema actual, dependen del valor de la vivienda en el momento de la escrituración. La incertidumbre que introduce el decreto podría dificultar el acceso de los hogares a estos beneficios y obstaculizaría la planeación financiera de las familias.
A lo anterior se suma que el sector constructor ya enfrenta presiones por el incremento salarial del 23% en el salario mínimo, situación que impacta considerablemente una industria intensiva en mano de obra y cuya Camacol estima elevaría los costos constructivos entre un 10% y un 15% para los nuevos proyectos de vivienda. Herrera también reiteró que, con apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se han venido aclarando los mecanismos de indexación y enfatizó que la venta de viviendas referenciadas al salario mínimo no está prohibida, siempre que las condiciones sean completamente transparentes para el comprador.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda y la SIC indicaron que el proyecto de decreto busca proteger los derechos de los consumidores y se encuentra alineado con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. El decreto publica un tope máximo general para la VIS equivalente a 135 salarios mínimos legales vigentes. Según el Ministerio, la medida pretende evitar incrementos desproporcionados en el precio de la vivienda causados, entre otros factores, por ajustes anuales del salario mínimo; por ello, se propone que los precios sean pactados exclusivamente en pesos, desde el inicio de la comercialización y sin indexaciones automáticas. La Superintendencia, por su parte, advierte sobre la confusión que puede causar la publicación de precios en salarios mínimos, al dificultar la comparación objetiva de ofertas inmobiliarias. Ambas instituciones invitan a la ciudadanía a participar con sus opiniones en la consulta pública del proyecto, abierta hasta el 24 de enero de 2026.
¿Qué es la Vivienda de Interés Social (VIS) y por qué es relevante su regulación en Colombia?
La Vivienda de Interés Social, conocida como VIS, se refiere a los proyectos de vivienda destinados a familias con ingresos limitados y cuyo acceso a soluciones habitacionales dignas depende, en gran medida, de políticas públicas y subsidios estatales. La importancia de la regulación de la VIS radica en su función como motor de inclusión social, ya que permite a un amplio sector de la población aspirar a una vivienda propia mediante condiciones de financiación y precios acordes con sus capacidades económicas.
En el contexto colombiano, la discusión sobre los criterios para fijar el valor de la VIS cobra relevancia ante el aumento de los costos de construcción y los ajustes en el salario mínimo. Decidir si el precio debe referenciarse exclusivamente en pesos o en salarios mínimos afecta directamente tanto a la sostenibilidad de los proyectos inmobiliarios como al acceso de los hogares a subsidios y créditos, elementos fundamentales para el cierre de brechas en el acceso a la vivienda formal.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.
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