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El fenómeno de la arquitectura empírica en Manizales evidencia una problemática profunda que atraviesa tanto dimensiones técnicas como éticas y económicas. En esta ciudad, la proliferación de construcciones sin licencia, ajenas a las normas técnicas y legales, ha dado lugar a viviendas con condiciones inadecuadas, carencia de ventilación, escasa luz natural y total incertidumbre estructural. A pesar de la gravedad de sus consecuencias, la raíz de esta práctica se encuentra en limitaciones económicas y sociales que impiden a muchas familias de los estratos más bajos acceder a procesos formales y a la contratación de profesionales competentes.
Desde la academia, Luis David Cardona Jiménez, director de Arquitectura en la Universidad Católica de Manizales, destaca la magnitud de esta desconexión entre regulaciones técnicas y la realidad de quienes construyen su vivienda desde la precariedad. Así, en los espacios de práctica social formativa de dicha universidad, los estudiantes pueden confrontar directamente la problemática que permea los sectores más vulnerables de la ciudad. Por otra parte, Gustavo Adolfo Agredo Cardona, decano de Ingeniería y Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, subraya que los sistemas tradicionales y artesanales como el bahareque, aunque fundamentales en los inicios urbanos, hoy resultan insuficientes ante las nuevas exigencias técnicas y reglamentarias, produciéndose una coexistencia conflictiva entre la ciudad formal y los asentamientos informales.
El rigor de la normatividad colombiana se refleja en las sanciones legales asociadas a la construcción sin licencia. Ricardo Spaggiari Vásquez, presidente de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos, sostiene que esta infracción implica competencia desleal y la violación de la normativa vigente, sin que los elevados costos del trámite representen justificación válida. En Manizales, la inspección de policía puede imponer multas considerables e incluso ordenar la demolición de edificaciones ilegales, según detalla la inspectora Ana María Bedoya Arteaga. Sin embargo, estos mecanismos suelen ser poco accesibles para la población de menores recursos, que a menudo enfrenta largos procesos para intentar regularizar sus viviendas.
Como vía de regularización, la normativa colombiana contempla el “Reconocimiento de la Edificación”, una figura que permite legalizar viviendas construidas antes de 2012 y fuera de zonas de riesgo, siempre y cuando cumplan ciertos criterios de uso y localización. Sin embargo, aunque esta opción facilita cierto grado de regularización, no ofrece una solución integral en términos de seguridad ni mejora sustancial en las condiciones habitacionales de los estratos bajos.
Estudios elaborados por la Institución Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVIU) revelan que alrededor del 40% de las viviendas populares en Colombia han sido construidas sin permisos, un fenómeno que el DANE respalda con cifras de Manizales, donde el 26% de los hogares de estratos bajos optan por ampliaciones informales. Este contexto responde, según la Universidad de los Andes, a la dificultad de acceder a suelo legal, costos elevados y migración interna, factores que consolidan la precariedad y la exclusión urbana. Por tanto, los especialistas coinciden en señalar que la respuesta no debe limitarse al control legal, sino combinar políticas públicas inclusivas, asesoría técnica gratuita y educación comunitaria, buscando un balance entre normatividad y justicia social.
Frente a este panorama, la articulación efectiva entre gobierno, academia y comunidad se presenta como el único camino posible para transformar el empirismo constructivo en una oportunidad de acceso a viviendas seguras y dignas, sin sacrificar los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables.
¿Qué implica el “Reconocimiento de la Edificación” en el contexto de Manizales?La pregunta es relevante porque muchas familias han construido o ampliado sus viviendas sin licencia debido a obstáculos económicos o de acceso a la formalidad, y necesitan conocer alternativas viables para legalizar su situación. El “Reconocimiento de la Edificación” permite lograr la legalidad bajo ciertas condiciones, pero no aborda por completo los riesgos estructurales o de habitabilidad. Quienes consideren esta opción deben tener claridad sobre los requisitos y alcances del proceso, especialmente si su edificación fue erigida antes de 2012 y no se encuentra en áreas de riesgo o protección.
En este sentido, entender las posibilidades y limitaciones del reconocimiento ayuda a las familias a evaluar si es conveniente iniciar un trámite que, aunque suponga regularidad ante la ley, podría no resolver los problemas de fondo relacionados con la seguridad estructural y la calidad de vida.
¿Qué riesgos sociales y urbanos se derivan de la arquitectura empírica en ciudades como Manizales?La pregunta surge de la necesidad de entender que la construcción informal no es solo un fenómeno técnico, sino que también tiene consecuencias sociales y urbanas profundas. Los datos señalan que la informalidad perpetúa barreras de acceso a servicios públicos, genera barrios con baja calidad urbana y contribuye a la fragmentación social. Además, los riesgos de insalubridad y vulnerabilidad ante desastres afectan directamente la salud y el bienestar de los habitantes de estas viviendas.
Conocer estos riesgos permite visibilizar que la arquitectura empírica no es un asunto aislado de construcción, sino parte de una problemática estructural en el desarrollo urbano de la ciudad. Esto exige políticas integrales que no se limiten a sancionar, sino que acompañen y ayuden a transformar los barrios informales en comunidades seguras e incluyentes.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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