Es la misma que impulsó el gobierno de Iván Duque unas pocas semanas después de su posesión, el año pasado.
En la tarde de este miércoles, la Corte votó el paquete de normas económicas que afectaban a varias empresas, entre ellas las cerveceras y las de bebidas azucaradas.
Según Caracol Radio, la votación fue de 6-3, en contra de la Ley, y tendría efectos diferidos.
Desde hace varias semanas, el ojo estaba puesto en la decisión que tomó la Corte Constitucional. Incluso, Fedesarrollo, citado por revista Semana, reveló que de llegarse a caer la Ley de Financiamiento, el impacto en la economía sería alto y el PIB del país caería 0,8 %.
“Eso significaría que para 2020 el PIB ya no crecería a una tasa del 3,5 sino del 2,7 por ciento”, citó Semana.
Pero, ¿por qué se cayó la norma? Fueron interpuestas 24 demandas en varios de los artículos de la Ley. Algunos de ellos (4, 102 y 103) habrían violado los principios de seguridad jurídica e igualdad. Puntualmente, RCN Radio sostiene que la norma no distingue entre “el origen de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras para ser responsable del IVA sobre las ventas”.
En una de las demandas, presentada por Germán Vargas Lleras ante la Corte Constitucional, se explican los “vicios de procedimiento” y de forma “en el trámite del legislativo”, según Semana.
Una de las irregularidades, de acuerdo con el documento de Vargas Lleras, dice la revista, es que los miembros de la Plenaria de la Cámara votaron varios artículos de la ley que fueron modificados en repetidas ocasiones y no fueron compartidos, por lo que, al final, los congresistas no sabían qué estaban votando.
Cabe recordar que la Ley de Financiamiento estableció el IVA plurifásico a la cerveza y a las bebidas azucaradas. Además, fijó cambios en la renta de personas naturales, el impuesto al patrimonio, la normalización y la sobretasa. La idea del Gobierno era lograr un recaudo de más de 7 billones de pesos para atender programas sociales.
También fijó una sobretasa a todos los bancos, en la declaración de renta. Además, el impuesto al patrimonio de más de 5.000 millones de pesos para personas naturales, y también para sociedades extranjeras con patrimonio en Colombia, entre otros.
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