Según explicó la Superservicios, a través de un comunicado, este aumento debe ir estipulado en la factura y se les cobrará a usuarios residenciales de los estratos 4, 5 y 6, así como a “comerciales, industriales y no regulados”.

De acuerdo con la entidad, este aumento en la tarifa de energía fue autorizado en el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019, la cual está dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022.

Estos recursos, explica la entidad, están destinados “al pago de las obligaciones financieras en las que incurra el Fondo Empresarial para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica, a cargo de las empresas respecto de las cuales la Superservicios haya ordenado o llegue a ordenar la toma de posesión”.

Es decir, el dinero servirá como una inyección económica para apaciguar las fallas y los problemas financieras de empresas prestadoras como Electricaribe y Emcartago.

Así lo confirmó la superintendente, Natasha Avendaño, que dijo que así se podrá “apalancar algunos frentes de inversión planteados en los esquemas de solución de empresas intervenidas como Electricaribe y Emcartago, necesarios para normalizar la prestación del servicio de energía a cerca de 10 millones de habitantes en el país”.

Este aumento en la tarifa no cayó muy bien sobretodo en la población de la región Caribe, en donde según El Universal hubo polémica y malestar debido al anuncio de un posible racionamiento de energía debido al “actual agotamiento de red”.