Felipe Córdoba señaló que los contratos celebrados para la atención de la pandemia rodean los 3.1 billones de pesos distribuidos en dos áreas: para compra de insumos médicos, elementos de bioseguridad y alimentos por 2.1 billones de pesos, y el valor restante en contratos de prestación de servicios para apoyar la gestión de esa crisis.
En ese universo, explicó el jefe del ente de control, se lanzaron 227 alertas porque encontraron sobrecostos por ese valor en todo el país, y fueron tantos los problemas que comenzó a discriminar las regiones que no los han tenido.
Por ejemplo, dijo que solo en los municipios de los departamentos del Quindío y Caquetá no se han hallado contratos con sobrecostos y que en 6 gobernaciones de las 30 que revisaron tampoco se evidenciaron esas irregularidades: Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Guajira.
Entre tanto, también dijo que la entidad que encabeza ya abrió indagaciones preliminares a 12 gobernaciones, 10 municipios y 4 entidades de salud para determinar si tienen algún tipo de responsabilidad en desviar dinero. Eso, sumado a los procesos penales que ya se adelantan a varios mandatarios.
En la rueda de prensa que hizo de forma conjunta con la Procuraduría y la Fiscalía, Córdoba entregó otros hallazgos puntuales:
– De contratos analizados en 28 ciudades solo en Valledupar, Bucaramanga, San José del Guaviare, Mocoa, Ibagué, Manizales y Florencia no se hallaron sobrecostos.
– Las ciudades capitales con valores mas altos en sobrecostos son: Medellín —Alcaldía a la que se le abrió un proceso de responsabilidad fiscal—, Cali, Sincelejo y Tunja.
– Hubo hallazgos en 84 municipios de 199 examinados y los más afectados son Floridablanca y Girón (Santander), Sabaneta (Antioquia) y Puerto Boyacá (Boyacá).
– La región con más riesgo es Caribe, donde el porcentaje de sobrecostos es del 70% y la de menor riesgo es el Eje Cafetero.
– Ya hay procesos de responsabilidad fiscal en curso y diferentes indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos y detrimentos patrimoniales que involucran recursos por alrededor de loa mencionados 420.000 millones de pesos.
– Las actuaciones preventivas en el proceso le permitieron a la Contraloría salvar 25.000 millones de pesos solamente en contratos de alimentación y 70.000 millones de pesos más por los cuestionados créditos de Finagro que tienen en líos a esa entidad y al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea.
El contralor además reveló un hallazgo que calificó como de “impacto nacional” por los hechos relacionados con presuntas irregularidades de la Unidad de Gestión del Riesgo en la contratación de 769.677 kits alimentarios por un valor de 96.000 millones de pesos.
Córdoba aseguró que una unidad de investigaciones especiales contra la corrupción asumirá el delicado caso.
El último proceso de responsabilidad fiscal al que se refirió y que está entre los más escandalosos es el contrato de la Armada Nacional que pagó 992 millones de pesos, con un posible sobrecosto del 100 %, para comprar 1.322.700 tapabocas regulares. Según dijo, la investigación encontró que la Policía los compró en 750 pesos, mientras que la Armada los pagó a 1.500 pesos.
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