La Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assests Control) del Tesoro de Estados Unidos publicó en su página web la exclusión de la Lista Clinton de 4 empresas del Grupo Waked.
El informe dio los nombres, direcciones físicas y datos referentes a las firmas eliminadas de la lista, las cuales son: Soho Panama (un centro comercial en Ciudad de Panamá), S.A., Waked Internacional Panamá, Abif Invesmet y el Grupo La Riviera Panamá, S.A.
Sobre La Riviera, la embajada de Estados Unidos detalló que “el anuncio no afecta el estado de la cadena de tiendas La Riviera, que continua bloqueada”.
La legación estadounidense señaló que “la OFAC actualiza frecuentemente su lista de personas designadas y entidades bloqueadas, para asegurarse que la lista solo incluya empresas activas, de manera que el sector privado pueda contar con información actualizada acerca de las empresas sancionadas”.
Agregó que en el 2016 Ofac incluyó en su lista a una “red de 8 personas y varias empresas, por su participación en actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero”, resalta la misiva que añade que “las personas y entidades actualmente activas continúan designadas por OFAC, su situación no ha cambiado”.
El pasado mes de abril, también fueron retiradas 15 empresas panameñas no activas de esta mima Lista Clinton.
En octubre de 2017, el Tesoro de EE. UU. levantó las sanciones sobre los diarios La Estrella y El Siglo de Panamá después de que su propietario, Abdul Waked, incluido desde mayo 2016 en la Lista Clinton, transfirió de manera “irrevocable” a una fundación panameña el 51 % de las acciones de los rotativos, informó entonces la Embajada estadounidense.
También en octubre de 2017, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la retirada del panameño Balboa Bank y otras empresas asociadas a él de la Lista Clinton.
Abdul Waked, dueño de La Riviera y principal socio del Grupo Waked, demandó el Estado panameño por daños morales y económicos por el caso de que fue incluido en la Lista Clinton. Esa demanda, que asciende a más de 1.200 millones de dólares fue aceptada esta semana por la Corte Suprema de Panamá, informa La República.
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