La Corte Constitucional abrió un incidente de impacto fiscal solicitado por el Gobierno de De la Espriella, un trámite que podría aplazar la entrada en vigencia de la reforma pensional del primero de abril de 2027 al primero de abril de 2028.
La decisión fue aprobada por unanimidad y le da al Ministerio de Hacienda 30 días hábiles, contados desde la notificación del auto, para justificar por qué considera que no existen recursos suficientes para implementar la ley en la fecha prevista.
El Gobierno sostiene que poner en marcha la reforma en abril de 2027 generaría gastos adicionales por 5 billones de pesos que no estarían incluidos en el Presupuesto General de la Nación.
Por eso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, deberá presentar una sustentación detallada ante el alto tribunal.
Sin embargo, la apertura del incidente no significa que la Corte haya aceptado los argumentos del Ejecutivo ni que haya cambiado la fecha de implementación.
Si Hacienda presenta la justificación, el tribunal evaluará si admite el trámite y, de ser así, convocará una audiencia pública antes de decidir. Si el Ministerio incumple el plazo, el incidente será declarado desierto.
Un eventual aplazamiento podría afectar la aplicación del nuevo sistema pensional, las reglas de transición y los plazos para quienes buscan acogerse a sus beneficios.
Por ahora, la reforma mantiene su fecha de entrada en vigor para el primero de abril de 2027, mientras la Corte estudia el proceso.
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