Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente colombiano el pasado 10 de agosto dejó secuelas económicas significativas, abriendo un debate sobre la ruta de financiación para la reconstrucción de viviendas, hospitales, vías y aeropuertos afectados. Según reportó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), basado en cifras preliminares, las pérdidas directas en edificaciones e infraestructura ascienden a $24,5 billones y $5,5 billones respectivamente, lo cual representa aproximadamente el 1,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Ante este panorama, y frente a la emergencia económica decretada por el Gobierno, ANIF presentó una hoja de ruta compuesta por seis propuestas orientadas a movilizar recursos públicos y privados para enfrentar la emergencia, en contexto de limitaciones presupuestales y evitando nuevos impuestos permanentes.
Dentro de las alternativas, ANIF sugiere revisar el Presupuesto General de la Nación de 2026, identificando hasta $20,1 billones en recursos de inversión aún no comprometidos. El énfasis inicial está en los sectores con ejecución presupuestal menor al 20 %, mientras que para el Presupuesto de 2027 el llamado es a priorizar entidades relacionadas con gestión de riesgos y reconstrucción. El gremio también recomienda utilizar fondos del Sistema General de Regalías (SGR); propone liberar $3,7 billones de proyectos sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y encaminar otros $10,1 billones no asignados a proyectos de reconstrucción. Además, plantea que municipios afectados puedan aprobar directamente proyectos de reconstrucción, siempre que estén justificados en daños y población impactada.
Para preservar la actividad económica en las zonas más golpeadas, ANIF destaca la necesidad de habilitar líneas de crédito para microempresarios, con garantías del Fondo Nacional de Garantías (FNG), ampliando la experiencia de apoyo crediticio implementada durante la emergencia sanitaria por Covid-19. La cobertura de estos créditos se situaría entre el 60 % y el 90 %, con periodos de gracia iniciales definidos por la Superintendencia Financiera. Si entre el 30 % y el 80 % de las microempresas accedieran al esquema, el Gobierno tendría que capitalizar el FNG en un rango de $90.000 millones a $240.000 millones.
En cuanto a la colaboración privada, ANIF propone una extensión temporal de mecanismos como Obras por Impuestos y Obras por Regalías para que ciudades como Pereira, Manizales y Cali puedan beneficiarse. En 2026, el cupo para Obras por Impuestos fue de $1,145 billones, con alrededor de $269.000 millones aún disponibles. Adicionalmente, sugiere crear un “Anticipo Solidario para la Reconstrucción”, un pago voluntario de hasta el 10 % sobre el impuesto de renta declarado, descontable en el año siguiente, con el fin de dar liquidez inmediata sin crear un tributo nuevo. ANIF enfatiza la importancia de garantizar trazabilidad mediante un certificado que respalde estos aportes.
Finalmente, la asociación plantea la posibilidad de flexibilizar temporalmente algunas rentas de destinación específica, como las de instituciones públicas, con el objetivo de liberar recursos para la emergencia y la reconstrucción. ANIF señala que, al aprovechar recursos existentes y evitar impuestos permanentes, se puede responder oportunamente a las necesidades de las zonas afectadas, aprendiendo de la experiencia con la reconstrucción del Eje Cafetero tras el terremoto de 1999. El reto será acordar los criterios y mecanismos para redireccionar, canalizar y complementar fondos públicos y privados para garantizar tanto la atención inmediata como la reactivación a largo plazo en los territorios impactados.
¿Cómo propone ANIF financiar la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?
De acuerdo con ANIF, la reconstrucción debe financiarse a través de una combinación de recursos no comprometidos del Presupuesto General de la Nación, la reasignación de fondos del Sistema General de Regalías, la creación de líneas de crédito especiales para microempresarios y la ampliación temporal de mecanismos como Obras por Impuestos. La propuesta también incluye un anticipo solidario voluntario al impuesto de renta y la flexibilización de rentas de destinación específica, siempre bajo criterios técnicos y sin crear impuestos permanentes.
¿Qué es el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y cuál es su papel en la emergencia?
El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) es un documento que garantiza que existen recursos presupuestales para respaldar proyectos específicos antes de la firma de contratos. ANIF propone destinar a la reconstrucción aquellos recursos del Sistema General de Regalías ya asignados a proyectos sin CDP, es decir, fondos aún no vinculados a obligaciones contractuales, permitiendo canalizar rápidamente recursos hacia territorios afectados por el sismo.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
