Fitch Ratings entregó un nuevo análisis sobre el comportamiento de las empresas en Colombia en el marco de la expectativa por los resultados de las elecciones a la Presidencia del país.
Explica el documento de la calificadora que las empresas colombianas se mantienen “bien posicionadas para enfrentar el desafiante entorno político y operativo envuelto en la incertidumbre política”.
El punto que destaca Fitch es que hay consenso entre los candidatos sobre las reformas fiscales, de pensiones, laborales y agrarias que necesita el país: la discordia está en cuál de esas es la prioridad y en qué tiempo debe darse.
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Natalia O’Byrne, directora principal en la agencia, asegura que, “en general, las compañías se beneficiarían de una agenda a favor de las empresas y de la reducción de los impuestos corporativos, pero Colombia se enfrenta a desafíos para reducir su déficit fiscal en medio de mayores demandas sociales, lograr el crecimiento económico, disminuir la desigualdad, la transición energética y mantener la paz”.
Lupa a las propuestas de los candidatos a la Presidencia
Al entrar al detalle de cada uno de los candidatos, Fitch explica que Gustavo Petro aboga por una mayor intervención estatal en las actividades económicas y de mercado.
Al tiempo que las empresas mineras y de petróleo y gas, según la visión de la firma, pueden verse afectadas negativamente por el desmantelamiento gradual de la industria. Esto último a causa de desincentivar las inversiones, eliminar los beneficios fiscales y prohibir el fracking, la exploración de yacimientos petrolíferos y la minería a cielo abierto.
“La generación eléctrica podría beneficiarse de incentivos de energía renovable para aumentar y diversificar la capacidad instalada. Las empresas de alimentos y bebidas podrían beneficiarse de la reducción de la competencia de la política de sustitución de importaciones”, dice el documento.
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De otro lado, sobre el plan expuesto por el candidato Federico Gutiérrez, se evidencia una participación limitada del Estado en las actividades económicas, una fuerte economía de mercado abierta y la inversión privada.
“Las empresas de petróleo, gas y minería podrían beneficiarse de mejoras del entorno empresarial e incentivos a la inversión. La generación de electricidad podría beneficiarse de la expansión de la infraestructura de servicios públicos para proporcionar acceso a las poblaciones marginales”, complementa el análisis.
Sin embargo se hace hincapié en que el sector de los alimentos y las bebidas podría ver efectos neutros o negativos por cuenta de una política de liberalización del mercado que reduciría gradualmente los aranceles y aumentaría la competencia.
Finalmente, Fitch analiza la propuesta de Rodolfo Hernández, quien se ha trepado en la intención de voto durante las últimas semanas.
El plan de Hernández, recuerda Fitch, se basa en la erradicación de la corrupción, la implementación de medidas (para reducir el gasto ineficiente para estimular una mayor inversión y el gasto social) y la creación de condiciones favorables para promover al emprendimiento.
“El gobierno de Hernández promoverá la autonomía energética sin depender de la extracción y el uso de combustibles fósiles. Se fomentarán los proyectos de energía renovable mediante la emisión de bonos verdes. Los sectores de la minería y el petróleo y el gas serían la puerta de entrada a la transición gradual a la energía renovable”, concluye el análisis.
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