Pero Vargas hace en su columna del diario bogotano otras dos comparaciones con el fin de reforzar su idea de que se trata de medidas regresivas en el actual contexto de desarrollo tecnológico. La primera, para él, es que prohibir Uber es como prohibir las páginas web de pasajes y turismo porque compiten con las agencias de viajes.

La otra es que, en el plano jurídico, “así como despegar.com no es una aerolínea, Uber no es una empresa de transporte: es una plataforma virtual que facilita el contacto, vía internet, entre personas que necesitan movilizarse en la ciudad y conductores de vehículos que pueden transportarlos”.

“La ofensiva del Gobierno contra Uber implica no entender lo que significan las nuevas tecnologías y tratar de atajar las inatajables alternativas que ofrece internet en muchísimos campos”, dice el columnista y da contexto así a su afirmación de que “prohibir Uber porque los taxistas lo consideran competencia equivale a prohibir las páginas web de noticias porque compiten con los medios de comunicación tradicionales”.

La medida gubernamental contra la plataforma —sigue Vargas— “desdice mucho de un gobierno que proclama, con su bandera de la economía naranja, la promoción de los emprendimientos que usan internet y las nuevas tecnologías. Otra cosa es que el Gobierno reglamente estos sistemas, en lo que está demoradísimo, o cobre los impuestos que las transacciones por Uber puedan generar. O que exija, como debe hacerlo con o sin Uber, que todo conductor tenga sus papeles y los de su vehículo en regla”.

Vargas considera que entre las motivaciones que tuvo el Gobierno para ‘apretar’ a Uber está “la intención de complacer a los grandes oligopolios de taxis que se negaron a participar en las movilizaciones de protesta de los meses recientes, a cambio, justamente, de la ofensiva del Gobierno para acabar con Uber”.

En eso coincide con Mauricio Toro, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, que aseguró en días pasados en Portafolio: “Yo creo que la presión de los taxis ha sido demasiada en un momento de inestabilidad política donde el Gobierno no aguanta que ningún sector más se sume a los paros. Para mí, esto ha hecho que el Gobierno haya acelerado una decisión que tenía engavetada desde hace mucho tiempo, que además va en contra de los ciudadanos y la tecnología”.

En todo caso, plantea El Heraldo en su editorial, “las consecuencias más importantes de la salida de Uber son que un poco más de 88 mil personas se quedarán sin trabajo, que la Nación dejará de percibir millones de dólares en impuestos, que el monopolio de los taxis volverá a controlar el mercado, que los emprendimientos tecnológicos seguirán transitando en la incertidumbre”.

Pero, como colofón, el diario barranquillero destaca que la principal lección que debería surgir de esta situación es que “el Estado no puede demorar más en comprender que el mundo ha cambiado, y que si bien las nuevas tecnologías no pueden operar al garete, sí necesitan de condiciones favorables para seguir ofreciendo sus servicios a una masa de consumidores que parecen ir más rápido que lo que piensan los líderes de turno”.