Durante el Congreso de Tesorería 2023, realizado por Asobancaria, Jonathan Malagón, presidente del gremio, aprovechó para dar más detalles sobre la medida propuesta por el Gobierno Nacional, de que los recursos del públicos que permanecen ‘congelados’ en las cuentas bancarias inactivas, por más de un año, se destinen, en calidad de préstamo, al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

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Malagón explicó que dicha iniciativa, que ha generado “baste ruido”, no se trata de una expropiación ni de un robo de los recursos, y tampoco es “algo nuevo”, pues esto ya se había usado en el pasado.

“El propósito de las cuentas inactivas es que cuando alguien no usa a la vuelta de uno, dos o tres años su cuenta, en lugar de tener fondeo barato para las entidades financieras, pudieran fondear al Icetex. Esa fue la inspiración de la norma hace ya varios años. No es un instrumento nuevo, se hará simplemente un ajuste”, afirmó Malagón.

Y destacó que “si alguien dice que a través de esto el Gobierno echarle mano al ahorro de los colombianos eso es absolutamente falso. Es un instrumento que viene funcionando desde hace dos gobiernos, que tiene una lógica que es incontestable, que es que esa liquidez permita financiar créditos educativos. Y todo aquello que termine apoyando esos propósitos de más crédito a la economía popular o a los jóvenes, o a los que están hoy por fuera de la bancarización, será de buen recibo y será apoyado por la Asociación”.

Cabe recordar que dicho artículo advierte que a partir del 2024 los saldos de las cuentas corrientes o de ahorro que hayan permanecido inactivas por un período mayor a un año y no superen el valor equivalente a 322 UVR (hoy serían $105.949), pasen al Icetex, pero cuando “el titular del depósito solicite la activación o la cancelación del saldo inactivo ante la entidad financiera, el Icetex” debe reintegrar esos recursos con los rendimientos respectivos.

Los cinco retos más importantes de la banca

Durante el congreso, Malagón también presentó las cinco agendas más importantes que debe consolidar la banca y que serán el eje de su gestión en la presidencia del gremio.

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El líder de Asobancaria explicó que este momento del sector es muy importante, ya que se cumplen 100 años de la Misión Kemmerer en Colombia, que fue la que permitió la modernización del sector y la creación de entidades como el Banco de la República y la Superintendencia Bancaria.

“Desde esos días de la misión Kemmerer, hemos avanzado muchísimo: atendemos a 9 de cada 10 colombianos, llegamos cada vez más a las zonas más apartadas del país, procesando 25.000 transacciones por minuto y entregando 33.000 créditos cada día. Y todo, con la garantía de ser el sistema financiero más estable de la región. Pero la magnitud de estas cifras no quiere decir que todo ya está hecho o que estamos tranquilos”, dijo Malagón.

Así, el primero de los retos que tiene el sector, según el gremio, es que de aquí a una década se logre que al menos 12 millones de adultos tenga acceso a crédito formal, y que la cartera total MiPyme y microcrédito alcance el 13 % del PIB.

“Lo segundo es ser una banca que cuide nuestro planeta. El objetivo del gremio es alcanzar $ 140 billones en cartera verde a 2030, es decir, colocar $ 127 billones adicionales de aquí a 2030”, añadió Malagón.

En tercer lugar, está que, en unos 10 años, el porcentaje de micronegocios que no reciben pagos digitales se reduzca a la mitad. Actualmente, esta cifra se encuentra en 83%.

Por su parte, el cuarto punto es que cada vez más personas cuenten con educación financiera.

“Hoy en Colombia el 58 % de los adultos son ‘ninis financieros’. Es decir, cerca de 6 de cada 10 personas adultas ni ahorran ni invierten, según cifras de Banca de las Oportunidades. La meta es reducir esta cifra al menos al 29% dentro de 10 años”, expresó el dirigente gremial.

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Finalmente, el quinto reto, según el gremio, es “seguir siendo una banca que proteja a sus usuarios. Gracias a las inversiones que se realizan en el sector y al aumento de la cultura de ciberseguridad entre los funcionarios, usuarios y autoridades, únicamente $ 6 por cada $ 100.000 transados son objeto de reclamación por fraude”.

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