Se trata de una medida que significará el aumento de impuestos para negocios digitales y, por ende, un incremento en los costos de varios productos y servicios que se consumen a través de diferentes plataformas. El Distrito argumenta que la nueva carga tributaria aprobada se dará porque estas empresas lograron beneficios y no se vieron afectadas por los efectos de la pandemia este año.

Sin embargo, pasa por alto que esta industria digital fue la que más contribuyó para que los ciudadanos no dejaran de abastecerse con productos de primera necesidad e, incluso, creó nuevos empleos y negocios a partir del apoyo de la tecnología.

Lo aprobado en el Plan Marshall, que construyó el gobierno de Claudia López con el argumento de la reactivación económica, obliga a estas empresas a pagar un incremento en las tarifas del ICA (10 % hasta 2024) para el sector de las telecomunicaciones. Además, se hará un aumento progresivo del ICA para las plataformas digitales, a partir de 2021 hasta alcanzar el 11,04 X 1.000 en el 2024.

Pulzo consultó a varios expertos y dueños de estas empresas digitales, que coincidieron en que la medida haría que muchas de ellas decidan irse de la ciudad. Además, no solo llevará a que los negocios busquen domicilio en otros municipios, sino que, de quedarse en Bogotá, ese aumento en los impuestos se trasladaría a un valor adicional para el usuario final porque encarecería productos y servicios.

La propuesta de la alcaldía de López, que incluye otras medidas como incentivos económicos, ha sido blanco de críticas. Por ejemplo, en días pasados, y previo a que se aprobara el Plan Marshall, fue tendencia el hashtag #FrenoDigital porque, para algunos expertos, este punto del proyecto también terminará retrasando la industria TIC y los negocios que surgen a través de plataformas digitales.

A través de Twitter, Santiago Pinzón Galán, vicepresidente de Transformación Digital de la Andi, publicó varios argumentos sobre por qué este punto del Plan Marshall no se considera una reactivación económica para la ciudad, sino un “freno digital”.

“Los usuarios, todos, los que han sobrevivido gracias a que existen las TIC, adaptándose y transformando sus modelos de negocio o simplemente han podido seguir trabajando, estudiando, etc. terminan pagando ese aumento en la tarifa de ICA. Esa es la realidad”, publicó Pinzón.

Según él, pese a que la propuesta ya fue votada en el Concejo, la administración Distrital debería aportar más ideas, formular políticas y llevar a buen término acciones que mejoren la competitividad digital en la capital.

“Sigue mucha tarea hacia adelante entre todos los que queremos que el #EcosistemaDigital de Bogotá evolucione positivamente. En el ciclo de las políticas públicas siempre existe la etapa de evaluación para ver los resultados. Esa es la oportunidad para el seguimiento y ajustar”, sentenció el vicepresidente de Transformación Digital de la Andi, que hizo parte del análisis técnico y la ilustración que se hizo ante el gobierno de Claudia López sobre los efectos que esta medida tiene para la ciudad.

Estos son los trinos que publicó Pinzón sobre el Plan Marshall:

Sobre el tema, Felipe Ossa, director ejecutivo de Domicilios.com, exalta que la coyuntura desatada por la pandemia reiteró el valor de las plataformas de domicilio en la economía colombiana y cómo estas se convirtieron en una opción segura, rápida y con potencial de crecimiento.

“Es un sector que apenas se está consolidando en el país, por lo que se deben buscar mecanismos que permitan protegerlo y al mismo tiempo impulsarlo para que siga siendo una opción para miles de negocios y personas que ven en esta actividad una opción para la generación de ingresos”, señaló Ossa a Pulzo.

Esta empresa considera que un aumento en las tarifas de ICA al comercio electrónico puede ser contraproducente para los sectores más afectados durante la pandemia, como lo son restaurantes y otros negocios, al igual que representaría un ajuste en los costos operacionales de plataformas que puede tener efectos en toda la cadena que se ha visto beneficiada de un nuevo canal de ventas.

En el caso de Domicilios.com, es una empresa que opera como un canal de demanda hacia sus aliados y domiciliarios que se conectan como independientes. Las órdenes hechas a través de su plataforma deben ser cubiertas por costos asociados a la operación total, por lo que esta medida podría llevar una variación en los mismos.

“Si hay una variación en los costos fijos de la operación por un agente externo (nuevos impuestos), tendríamos que vernos en la obligación de reformular la estructura de costo, afectando toda la cadena (domiciliarios y restaurantes) y el margen sobre el cual podemos operar eficientemente”, explicó el director ejecutivo de la compañía.

Lo anterior evidencia que un incremento en los impuestos llevará a que las empresas tengan que reformular sus costos y no solo se verán afectados los negocios que venden a través de Internet, sino que el consumidor terminaría pagando más por sus compras.

Más órdenes no significan utilidades

Otra empresa afectada con la medida del gobierno Distrital es iFood, que explicó a Pulzo que lo más importante debería ser garantizar que todas las plataformas contribuyan a la reactivación económica de la capital. Sin embargo, enfatiza en que el incremento de órdenes, como ocurrió este año durante la pandemia, no significa necesariamente un aumento en utilidades.

“Sin duda, las plataformas de domicilios se configuran hoy en día como un servicio masivo y de primera necesidad, por lo que a lo largo del aislamiento social hemos registrado crecimiento en número de órdenes y usuarios, pero no necesariamente en lucro o rentabilidad”, señaló a Pulzo Tiago Luz, country manager Colombia de iFood.

El representante de la compañía considera importante que el Distrito tenga en cuenta estas dinámicas de mercado, así como la naturaleza de la economía colaborativa. Además, “que se asuma como industria el rol de contribuir a la reactivación económica de Bogotá”.

Impacto del Plan Marshall en el comercio electrónico en Bogotá

Una posición similar a la de las empresas mencionadas la tiene María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Electrónico (CCE), que criticó el aumento de impuestos para los comercios que tuvieron beneficios durante este año en la ciudad.

Para la ejecutiva, preocupa que a las empresas que desarrollaron comercio electrónico, y que naturalmente generaron beneficios, no se les reconozca que fueron las protagonistas del abastecimiento de los colombianos en una coyuntura muy difícil. Además, que estos beneficios se lograron por cuenta de un escenario como el de la pandemia, que se puede considerar episódico, y que no se va a mantener en el tiempo.

“Lo que se debería promover es un incentivo a lo digital, que tiene muchas brechas por superar, y el COVID-19 no superó esas brechas, no digitalizó a toda la población. (Las afectadas) son empresas que están todavía en fases de inversión, que incluso están presentando pérdidas”, explicó María Fernanda Quiñones a Pulzo.

Para la CCE, el ICA en Bogotá se maneja como un impuesto regresivo que va en contravía de cómo funciona el comercio electrónico, con una cadena de valor.

“Los costos que se van a generar van a irradiar en el desarrollo de esta dinámica. Estos costos se distribuyen entre los clientes y los negocios. No estamos de acuerdo (con la aprobación de la medida), no creemos que vaya a reportarles beneficios a los bogotanos”, agregó la presidenta de la CCE.

Más allá del escenario de imposición de nuevos impuestos, las empresas afectadas reconocen que sí se requieren políticas para la reactivación, pero no se puede castigar a quienes contribuyeron para que el escenario desatado no fuera peor.

Eso mismo considera Mauricio Jaramillo, consultor de tecnología y director del portal Impacto TIC, que hace énfasis en que esta industria digital no es que haya ganado este año, lo que hizo fue aportar para que los bogotanos sobrevivieran.

“Ahí está el gran error: es castigar un sector que ha sido el soporte de la sociedad solo porque estuvo creciendo. Vamos a recaudar más, sin pensar en el impacto que a largo plazo puede tener. Mientras por un lado estamos apostando por que Bogotá sea un ecosistema digital, por el otro se está dando un mal mensaje con estas medidas”, afirmó Jaramillo a Pulzo.

Varias empresas se podrían ir de Bogotá por estos impuestos

Otro de los críticos frente a lo aprobado el fin de semana pasado en Bogotá es el concejal Rolando González, que hace un llamado porque considera que la medida de elevar el ICA a algunas empresas lo que hace es afectar la competitividad y el empleo en el sector TIC.

“Lo que va a suceder con esto, que lo advertimos, es que estas empresas se van a trasladar a municipios cercanos que ofrecen mejores tasas y perdiendo el empleo de muchos jóvenes”, señaló el concejal a Pulzo.

Además, critica al gobierno de Claudia López porque el principal argumento para esta medida del Plan Marshall es que la ciudad se va a beneficiar, algo que, según dice, no va a pasar.

“Son unos ingresos cercanos a los 12.000 millones de pesos. Se van a gastar es en pauta publicitaria de la Alcaldía de Bogotá”, cuestiona.

El gobierno Distrital defiende el aumento del impuesto

Pese a las críticas, la encargada de formular y estructurar el Plan ha sido la Secretaría de Hacienda, que consultada por Pulzo defendió la medida del ICA y aseguró que no hay riesgo de que se vayan las empresas solo por la carga tributaria en la ciudad.

“No se prevé por parte de la administración Distrital que se produzcan decisiones de relocalización por parte de las empresas que participan en las actividades económicas que a partir del año 2022 tendrán un incremento permanente y gradual en la tarifa del ICA, ya que las variaciones en términos relativos de la tarifa no exceden el 10% y se ha evidenciado a partir de la información disponible que pertenecen a sectores que no han visto afectados sus ingresos con ocasión de la pandemia”, respondió Hacienda en una comunicación con Pulzo.

Según esta entidad del Distrito, las tarifas del ICA aumentarán respecto de la tarifa nominal vigente de forma gradual, a partir del año 2022; en 3,33% en el primer año; en 6,66% en el segundo año; y en 10% a partir del tercer año y para los años subsiguientes.

Para la Secretaría de Hacienda, no habrá afectación para las empresas que desarrollan su actividad económica en Bogotá, entre otras cosas, porque se han considerado 4 aspectos:

  1. “La menor afectación de las actividades con el cierre de los sectores económicos producto de la emergencia sanitaria y económica, y los decretos nacionales de aislamiento preventivo.
  2. Las utilidades que venían obteniendo estas actividades antes de la pandemia del covid-19.
  3. Los ingresos obtenidos en el año 2019 y su tasa de crecimiento.
  4. Su potencial de crecimiento postcovid-19”.

Finalmente, el gobierno de Claudia López no considera que esta medida atente contra el sector TIC y la innovación en la ciudad porque, afirma, los incrementos tarifarios aprobados para el ICA no representan carga tributaria para los contribuyentes que hacen parte de los sectores económicos seleccionados, “por lo que las decisiones de inversión sobre innovación tecnológica no se verán afectadas”.

“No considera entonces la Administración Distrital que las modificaciones tarifarias del ICA se constituyan en sí mismas en un desincentivo para la innovación tecnológica en Bogotá”, sentenció Hacienda.