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A la Cámara de Representante llegaron dos proyectos del senador Enrique Cabrales Baquero, del Centro Democrático, que buscan eliminar dos de los impuestos que el Gobierno de Gustavo Petro estrenó en su reforma tributaria: los que buscan desincentivar el consumo de productos ultraprocesados y los que gravan los productos plásticos de un solo uso.
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En el caso de los primeros, conocidos como ‘impuestos saludables’, el senador asegura que, si bien es cierto que la idea es promover buenos hábitos de vida, los cobros extra podrían ser regresivos y crear incertidumbre en el mercado. “Se espera un impacto directo en el costo de vida y la dinámica económica del país. Este gravamen afecta a 21 artículos esenciales de la canasta familiar, generando sobreprecios y desafíos financieros para los hogares”, dijo.
Cabrales dice que el impuesto encarece la cadena de producción y que el incremento de los precios se traslada a los consumidores finales. “El argumento principal es disminuir el consumo y volver a los colombianos más saludables, pero, la inflación de estos productos en 2022 superaba el 10 % y la demanda no cayó en ningún mes del año”, agregó el senador.
En el otro proyecto, el congresista plantea la eliminación del impuesto sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Según explica, la medida es tributariamente compleja “poco significativa a nivel ambiental”, lo que a su juicio la convierte en un mecanismo que complica la situación del sector y el gasto de los hogares.
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Citando al gremio Acoplásticos, el autor asegura que el nuevo impuesto afectaría a más de 2.400 micro, pequeñas y medianas empresas que generan 250.000 empleos directos y cerca de un millón de empleos indirectos. “Se estima que genera un incremento en los costos de logística y operación de todas las empresas y comercios en Colombia, dado que los plásticos para empacar, embalar o envasar, dinamizan la economía nacional en muchos otros sectores”.
En otro aparte del articulado, Cabrales dice que el impacto más preocupante se encuentra en el precio de venta al público, pues habla de un incremento del 4,1 % en el precio final. “Tanto empresas productoras como ciudadanos del común, e incluso la Procuraduría solicitaron a la Corte Constitucional su retiro, al considerarlo inconveniente y contraproducente. Se presentaron diversas demandas que alegan falta de claridad de la Ley para definir los elementos esenciales, una cuestión que hace imposible determinar cómo debe aplicarse”, concluye el senador.
No es la primera vez que el articulado de la tributación de Petro recibe este tipo de cuestionamientos; de hecho, la Corte Constitucional ya dejó sin efectos el apartado que impedía a las empresas del sector minero energético deducir las regalías del impuesto a la renta. Por esta decisión, el mandatario incluso aseguró que la finanzas de la nación quedaban con hueco que podría taparse con un recorte al presupuesto de las ramas del poder, anuncio que no cayó nada bien en sectores de la oposición como el Centro Democrático.
Pulzo complementa
El ‘impuesto saludable’ es una medida que el Gobierno de Gustavo Petro impuso la medida a los alimentos ultraprocesados con la finalidad de hacer un consumo saludable por parte de los compradores. Paquetes de papas, salsas, dulces y más están en la lista.
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