El Plan Nacional de Desarrollo es una de las apuestas prioritarias que tiene el gobierno de Gustavo Petro para impulsar ante el Legislativo en el inicio de sesiones. El articulado suele ser la hoja de ruta de cada gobierno y, en esta ocasión, constaría de 240 artículos.

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Entre los medios de comunicación circula un borrador de este proyecto de ley que sería presentado en los próximos días en el Congreso. El posible articulado sería la ruta para ejecutar los $ 1.154 billones de inversión pública.

“La presente ley, tiene como objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas”, dicta el posible borrador.

De acuerdo con el articulado, los temas que se llevará especial atención para la inversión del gobierno serían la seguridad y la justicia social humana, la convergencia regional, la transformación productiva y acción climática, la estabilidad macroeconómica, la justicia ambiental y el derecho a la alimentación.

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En el articulado se dice que sería política de Estado acoger las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad en su informe final y se establecen los mecanismos para dinamizar la compra de tierras para la paz.

El borrador del proyecto de ley también dicta que se establecerían beneficios económicos y educativos para las personas que accedan al programa de Jóvenes en Paz.

El Ejecutivo, según el artículo 132 del borrador, tendría facultades extraordinarias hasta por seis meses para regular los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis para fines medicinales y científicos.

Pero uno de los puntos que resulta más llamativo, es que para garantizar la financiación en los programas de lucha contra la explotación, el Ejecutivo tendría en mente cobrar una contribución del 5 % sobre el valor de cada servicio prestado desde las plataformas de contenido para adultos.

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El cobro a las plataformas de contenido de adultos quedaría facultado a través de la modificación de la Ley 679 de 2001 (ley contra la explotación). Los fondos recogidos irían para un fondo contra la explotación de menores que administra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El documento completo consta de 147 páginas y ha sido una construcción del equipo ministerial del presidente Petro. Según establece la ley, el presidente tiene hasta el 7 de febrero –inmediatamente después de su posesión– para presentarle al Legislativo su propuesta de Plan de Desarrollo.

El articulado tendría 90 días de calendario para ser discutido en Senado y Cámara.