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La reciente entrada en vigencia del Decreto 1474, emitido por el Gobierno Nacional, ha provocado un considerable aumento en el precio de las botellas de licor, desatando preocupación en las autoridades departamentales del Valle del Cauca. Según lo informado por el Diario Occidente, la gobernadora Dilian Francisca Toro ha hecho público su temor ante el impacto directo que esta normativa tendrá sobre las finanzas del departamento, especialmente en lo referente a las rentas asignadas a áreas fundamentales como la salud, la educación y el deporte.
El punto central del debate radica en el alza en el impuesto al consumo de licores, una medida que, de acuerdo con los cálculos de la Gobernación, eleva de forma significativa el precio al consumidor. La gobernadora Toro advirtió que, con el nuevo tributo, una botella de licor que anteriormente costaba cerca de $42.000 pasaría ahora a venderse en $75.000. Esta diferencia representa un incremento que podría modificar los hábitos de consumo y abrir brechas para prácticas ilegales.
Las proyecciones técnicas efectuadas por la administración departamental coinciden en que la escalada del precio pone en peligro los recursos destinados a inversión social. Se argumenta que el encarecimiento de los productos legales no solo reduce el recaudo departamental, sino que también genera incentivos para el comercio ilícito, lo que afectaría aún más las arcas públicas. Toro señaló que “si se va a aumentar el doble del precio, pues lógicamente vamos a tener mayor contrabando, lo que nos generaría mayor disminución de nuestras rentas cedidas, y lógicamente no vamos a poder garantizar ese derecho fundamental para nuestros ciudadanos en la educación, la salud y el deporte”.
En este contexto, la Industria de Licores del Valle (ILV) presentó estimaciones propias sobre el posible aumento, calculando que el precio por botella de aguardiente podría elevarse alrededor de $30.000, llevando el valor total entre $68.000 y $75.000. José Moreno, gerente de la ILV, enfatizó que esta situación amenaza la estabilidad financiera tanto del departamento como de las empresas estatales encargadas de la producción y distribución de licores. Según Moreno, las licoreras oficiales del país han decidido respaldar la posición de la gobernadora y de otros mandatarios departamentales, conscientes de los riesgos para la sostenibilidad de las rentas regionales y para el funcionamiento de las licoreras locales.
El debate resalta la tensión entre la necesidad de fortalecer los ingresos fiscales y el riesgo latente de propiciar el contrabando y la adulteración de licores. Ambas problemáticas tienen efectos directos sobre la seguridad y la economía local, pero sobre todo sobre la garantía de derechos fundamentales para la ciudadanía, que dependen de los recursos derivados de estos gravámenes.
¿De qué manera el aumento en los precios de los licores puede incentivar el contrabando?
El incremento en los precios de bebidas alcohólicas legales, como consecuencia de nuevos impuestos, suele abrir una brecha significativa entre el costo de productos regulados y los de origen ilícito. Esta diferencia puede hacer que muchos consumidores opten por alternativas más baratas, como licores de contrabando o adulterados, a pesar de los riesgos que conllevan. Así, la rentabilidad del comercio ilegal aumenta, socavando el recaudo fiscal y comprometiendo la financiación de servicios públicos.
Además, la tendencia al alza en los precios implica retos adicionales para la vigilancia y el control de las fronteras y los puntos de distribución interna. Las autoridades deben estar atentas para evitar que el contrabando y la comercialización de productos no regulados impacten aún más la economía departamental y, por ende, la calidad de vida de la población que depende de los programas financiados con estos recursos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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