A escasos días del inicio del debate por la reforma laboral, que incluye grandes cambios que tocarán los bolsillos de empleados y empresarios, fue radicada en el Congreso una iniciativa que busca crear el Beneficio de Alimentación al Trabajador (BAT).

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El proyecto es de autoría de la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal y del representante Liberal Juan Carlos Losada. A grandes rasgos, busca establecer una nueva prestación social para los empleadores: dar almuerzo a sus trabajadores

“Debido a la falta de dinero, que se suma muchas veces a la falta de tiempo o espacios para consumir alimentos, un gran número de trabajadores no consumen suficientes calorías o alimentos nutritivos para rendir de manera óptima en el trabajo”, argumentó Carrascal.

Empresas tendrían que darles almuerzo a sus empleados

De acuerdo con el texto del proyecto, el beneficio de alimentación al trabajador será una prestación social obligatoria en cabeza del empleador que se otorga para garantizar una alimentación suficiente y adecuada en favor de los trabajadores beneficiarios y sus familias.

La iniciativa establece que los empleadores podrán otorgar este beneficio a los trabajadores mediante cualquiera de las siguientes modalidades:

  • Instalación de comedores o casinos, operados por las entidades de trabajo
  • Uso de restaurantes administrados por terceros en el lugar de trabajo o en sus inmediaciones.
  • Entrega mensual de un bono de alimentación a través de vales, cupones o tarjetas de alimentación electrónicas emitidas por emisores especializados en este tipo de servicio profesional.
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El beneficio de alimentación no podrá entregarse en dinero en efectivo ni por otros mecanismos distintos a las modalidades establecidas en el proyecto.

“No constituye salario en especie para ningún efecto legal, no hace parte de la base para liquidar aportes parafiscales y será tratado como un gasto laboral, serán deducibles en los términos y condiciones que se establecen en la ley”, detalla el texto de la iniciativa.

Teniendo en cuenta que se trata de una medida que seguramente provocará malestar entre el empresariado colombiano, los autores del proyecto indicaron que dos años después de la entrada en vigencia de la iniciativa, el Ministerio de Trabajo deberá hacer una evaluación de impacto en la que determine los efectos de la ley sobre: el nivel de empleo, la formalidad laboral, los niveles de inseguridad alimentaria y la productividad de los trabajadores.

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