El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El acceso a la salud en Colombia está consagrado como un derecho fundamental, garantizando que toda persona pueda acceder de manera eficiente y oportuna a los servicios médicos necesarios. Sin embargo, la realidad experimentada por millones de ciudadanos dista bastante de esta premisa constitucional. El más reciente informe de 2025, presentado por el centro de pensamiento ‘Así Vamos en Salud’, revela un panorama preocupante: durante ese año se recibieron más de dos millones de peticiones, quejas y reclamos frente al sistema de salud, lo que representa un incremento del 34,6 por ciento respecto a 2024. Además, se interpusieron más de 318 mil tutelas, lo que significó un aumento de casi 53 mil casos en comparación con el periodo anterior, según los datos del mismo programa.
Estas cifras no surgen de un contexto aislado. De acuerdo con ‘Así Vamos en Salud’, tal volumen de inconformidades y recursos legales responde a dificultades estructurales que se han visto agravadas por la frágil sostenibilidad financiera del sistema. Esta situación no solo merma progresivamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones de salud, sino que también intensifica otros inconvenientes que afectan directamente a los usuarios, quienes terminan siendo los más perjudicados ante cada falencia administrativa y financiera.
Las consecuencias económicas para el sector son profundas. El informe señala un déficit patrimonial que alcanzó los 15 billones de pesos colombianos al cierre de 2025, mientras que las pérdidas operativas superaron los 7,3 billones de pesos. Por otra parte, la Unidad de Pagos por Capitación –el monto que el gobierno entrega a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado– se estableció en 16,4% para el régimen subsidiado y 9,03% para el régimen contributivo. Según algunos análisis citados, estos incrementos son considerados insuficientes, pues no contemplan el aumento del salario mínimo, un factor relevante para el cálculo del financiamiento.
La presión de estas cifras se refleja cotidianamente en la vida de los usuarios, quienes, en situación de vulnerabilidad, claman por la entrega de medicamentos esenciales, la asignación de citas con especialistas y la obtención de autorizaciones que muchas veces nunca llegan. Esta realidad interrumpe tratamientos médicos fundamentales y genera angustia e incertidumbre entre los afectados. Bogotá, como epicentro de la vida nacional, tampoco es ajena a este drama, y surge una pregunta crucial sobre las acciones que el Distrito está implementando para enfrentar este desafío y asegurar la atención digna a sus habitantes.
¿Por qué es relevante el déficit patrimonial en el sistema de salud colombiano? El déficit patrimonial representa la diferencia negativa entre los activos y pasivos de una entidad. En el contexto del sistema de salud colombiano, un déficit de 15 billones de pesos es indicativo de que las obligaciones financieras superan ampliamente la capacidad de respuesta del sistema. Esta condición incrementa la fragilidad de las instituciones responsables de prestar servicios y limita la posibilidad de inversión en infraestructura, medicamentos y personal, lo que termina afectando directamente la calidad y oportunidad en la atención a los usuarios. Por ello, el déficit no solo es una cuestión de números, sino que ilustra un problema de fondo que compromete el acceso efectivo a un derecho fundamental.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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