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La Contraloría General de la República (CGR) concluyó una auditoría financiera a la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian), sobre la vigencia 2023, donde se determinaron ocho hallazgos administrativos, de los cuales cuatro tienen posible incidencia fiscal por $ 39.602 millones y una presunta connotación disciplinaria.
De acuerdo con el organismo, luego de una evaluación de los procesos de cobro llevados a cabo por la Dian se identificaron varias deficiencias significativas.
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Por un lado, se evidenció que en uno de los procesos de liquidación societario, debido a la inclusión de tres accionistas en la ‘lista Clinton’¸ dicha sociedad no presentó las declaraciones del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, ni el Impuesto sobre las Ventas (IVA) para el periodo seis del año gravable 2007, acumulando un saldo correspondiente al Impuesto al Patrimonio del mismo año.
De otra parte, no logró evidenciar la vinculación de la Dian al proceso de liquidación, aun cuando dicha entidad contó con los medios para conocer la situación jurídica de la sociedad.
A la fecha de realización de la auditoría, el órgano de control también observó que la Dian no recuperó los recursos adeudados por la sociedad y que los mandamientos de pago proferidos se encontraban prescritos.
“Lo anterior, debido a que la Dian no realizó la gestión de cobro conforme a la situación jurídica de la sociedad liquidada y por ende no se vinculó al proceso de liquidación, sino que adelantó un proceso de cobro como si no se encontrara en un proceso especial, aun cuando la entidad contaba con información que daba cuenta de la situación jurídica del contribuyente. Adicionalmente, no consultó su estado a la Superintendencia Financiera, sino que se remitió a la extinta Superintendencia de Valores”, informó la Contraloría.
Agregó que la Dian no tuvo en cuenta que, una vez disuelta la sociedad, se debe proceder de inmediato a la liquidación y esperó cuatro años para comunicar los actos administrativos de las sanciones e iniciar el proceso de cobro, aun cuando a la fecha en que se enteró de la disolución y liquidación la sociedad ya se encontraba en mora con el pago de la segunda cuota del Impuesto al Patrimonio del año gravable 2007, deuda que finalmente presentó el fenómeno de la prescripción.
Respecto a este hallazgo, concluyó que la Dian no desplegó acciones contundentes para gestionar de manera efectiva la acción de cobro de lo adeudado por el contribuyente y los correspondientes deudores solidarios, subsidiarios.
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Esto, pese a que tuvo acceso a información de los accionistas e interrelacionó con ellos, principalmente con quien ostentaba la calidad de persona natural matriz con situación de control.
Lo anterior llevó a que los valores adeudados por la sociedad no se recuperaran y, por el contrario, prescribiera la acción de cobro, generando una pérdida al patrimonio público por $ 38.772 millones.
Los hallazgos sobre la Dian
La Contraloría determinó que no se cumplieron los procedimientos establecidos en los protocolos, reclamación ante un siniestro, control de inventario de mercancías ADA y bienes adjudicados a la Nación, de manera oportuna y eficaz.
Esta negligencia, según el ente, resultó en reclamaciones presentadas a las aseguradoras después de que se hubiese configurado el fenómeno de la prescripción, tal como se establece en el artículo 1081 del Código de Comercio.
Como resultado de la auditoría, se identificó un posible detrimento patrimonial por valor de $ 829 millones por bienes que se encontraban en custodia e incorporados en el patrimonio de la Dian y sobre los cuales los funcionarios -encargados de dar a conocer los siniestros y adelantar las respectivas reclamaciones ante las aseguradoras- omitieron dicho trámite y vinieron a hacerlo tres años después de ocurridos los incidentes, y sin el lleno de los requisitos establecidos en los contratos de seguro.
Esto ocasionó la imposibilidad de recuperar las sumas correspondientes.
En el caso de la Dian Función Recaudadora, la Contraloría emitió una opinión negativa sobre sus estados financieros con corte a 31 diciembre de 2023 y otorgó una calificación de ineficiente a su control interno financiero.
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Y en contraste, para la Dian Función Pagadora, se emitió opinión sin salvedades sobre sus estados financieros en esta misma vigencia y otorgó una calificación de eficiente a su control interno financiero.
Finalmente, el ente de control instó a la Dian a revisar y mejorar sus procedimientos de cobro, garantizando una gestión eficaz y oportuna de los recursos públicos.
También hizo un llamado para que las reclamaciones ante siniestros se realicen de manera oportuna y conforme a los términos contractuales, evitando así futuros detrimentos patrimoniales y garantizando la protección de los bienes del Estado.
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