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Con el inicio de 2026, la economía colombiana experimenta un importante reajuste debido al aumento del salario mínimo legal vigente (SMMLV) en un 23 %. Este cambio deja ver de inmediato los efectos en diversos bienes, servicios y obligaciones cuyas tarifas están ligadas directamente a este indicador. Según la información recogida por El Diario, el incremento fue fijado en $2.000.000 mensuales, incluyendo el subsidio de transporte, una cifra que establece nuevos parámetros para la estructura de gastos de millones de hogares en el país.
El aumento del salario mínimo repercute especialmente en las tarifas asociadas a ciertos conceptos legales y administrativos. Un ejemplo claro lo constituyen las multas de tránsito y otras sanciones, que, al estar indexadas al SMMLV, experimentan un alza proporcional. Aunque estos conceptos no representan por sí solos una presión sobre la inflación general, sí impactan el bolsillo de quienes deben cumplir con estas obligaciones. Por otra parte, los valores que empresas deben abonar para los aprendices vinculados al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) también se ven alterados por este crecimiento en el salario base.
El sector asegurador no escapa a la tendencia. Productos como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y algunos otros seguros personales ajustan sus tarifas o indemnizaciones ya que utilizan el salario mínimo como unidad de referencia. Asimismo, rubros de gasto cotidiano como el transporte intermunicipal o ciertos servicios públicos y privados, cuyos costos están sujetos a estructuras tarifarias relacionadas con componentes laborales basados en el SMMLV, verán un incremento perceptible para los consumidores en los meses siguientes.
No solo este aumento afecta precios de manera directa. Algunos ajustes se calculan usando otros índices, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Ministerio de Transporte informó que los peajes en las principales concesiones viales del país aumentarán en 2026 tomando como referencia el IPC, que según el dato anual más reciente cerró en 5,30 % para noviembre, aunque el cálculo final dependerá de la cifra definitiva de diciembre. La finalidad de esta medida, según la autoridad, es sustentar la operatividad y mantenimiento de las vías, cubriendo los crecientes costos de operación del sector.
Dentro de los efectos indirectos, la vivienda social se convierte en un área especialmente sensible. De acuerdo con Jaime Edison Rojas, del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales del Politécnico Grancolombiano, las Viviendas de Interés Social (VIS) y las Viviendas de Interés Prioritario (VIP) ajustan sus precios máximos en función del salario mínimo, lo que implica un encarecimiento en su acceso para familias de menores ingresos. Ante esta situación, el gobierno ha manifestado su intención de controlar que estos precios no continúen anclados al salario mínimo.
También los aportes obligatorios a la seguridad social—incluyendo salud, pensiones y riesgos laborales—se ven al alza, pues sus bases de cálculo se encuentran atadas al SMMLV. Sujetos como trabajadores informales y prestadores de servicios independientes pueden percibir especialmente este incremento, pues su cotización mensual se eleva proporcionalmente. Incluso las cuotas moderadoras del sistema de salud serán mayores para quienes deban asumirlas.
No obstante, hay sectores de la población que quedan por fuera de este ajuste. Por ejemplo, las pensiones superiores al SMMLV y las remuneraciones por encima del salario mínimo suelen actualizarse solo en función del IPC, lo que significa que su ritmo de aumento es menor que el experimentado por el salario mínimo este año.
¿Por qué algunos precios suben por el salario mínimo y otros por inflación?
Esta pregunta surge ante la disparidad observada en el reajuste de diferentes bienes y servicios. Mientras ciertos pagos se actualizan automáticamente siguiendo el salario mínimo, otros, como las pensiones y algunos salarios, toman en cuenta únicamente el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El motivo de esta distinción radica en la estructura legal y tarifaria determinada por políticas públicas y acuerdos sectoriales, lo que protege a determinados grupos de ajustes abruptos y busca garantizar la sostenibilidad del gasto y la capacidad adquisitiva, especialmente de quienes no perciben el salario mínimo como principal ingreso.
Comprender esta distinción resulta esencial para los ciudadanos, ya que impacta de manera directa en su presupuesto mensual y en las decisiones económicas que deben tomar frente a los nuevos valores que empiezan a regir desde inicios del 2026. Tanto las familias como los diferentes sectores económicos requieren información clara para planificar sus gastos y obligaciones dentro del nuevo contexto que marca el aumento del salario mínimo.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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