El arriendo es una de las modalidades de vivienda más relevantes dentro de la industria en nuestro país. Diversos estudios apuntan a que casi la mitad de los colombianos vive en alquiler.
Para regular los arriendos, en nuestro país existe una normatividad liderada por la Ley 820 de 2003. Allí, se detalla cuál es el camino a seguir, qué es lo que está prohibido y cuáles son las multas por romper las reglas.
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De acuerdo con el portal especializado Metrocuadrado, hay 3 elementos particulares que pueden ser equivalentes a cuantiosas multas para aquellos que viven en arriendo.
Incumplimiento de contrato, violación de derechos de otros inquilinos y faltar a las obligaciones de la vivienda, son los 3 elementos destacados por el mencionado portal.
Tenga en cuenta que los valores de esas multas varían dependiendo de la gravedad del suceso. Por ejemplo, irrespetar el contrato de arrendamiento puede costar hasta 3 salarios mínimos mensuales.
Si la sanción va ligada a cometer delitos contemplados por el Código de Policía (como daño de propiedad o agredir a los vecinos), entonces las multas llegarán hasta los 32 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Por qué hay multas ante irrespetar leyes de arriendo en Colombia
En Colombia, las multas por irrespetar la Ley de Arriendos existen para garantizar el equilibrio entre los derechos y deberes de arrendadores e inquilinos, evitando abusos y asegurando el cumplimiento de las normas establecidas en el Código de Comercio y la Ley 820 de 2003.
Estas regulaciones buscan mantener la estabilidad en el mercado de arrendamientos urbanos, protegiendo tanto a quienes ofrecen vivienda como a quienes la habitan. Cuando una de las partes incumple las disposiciones legales, se generan sanciones económicas como una medida correctiva para disuadir futuras infracciones y fomentar el respeto por los acuerdos contractuales.
Cuáles son las multas más comunes para quienes viven en arriendo
El Estado impone multas para prevenir prácticas abusivas como desalojos arbitrarios, cobros indebidos, aumentos de canon desproporcionados y la negativa injustificada de devolución de depósitos o garantías.
Si un arrendador incumple los términos del contrato, por ejemplo, exigiendo aumentos superiores a los límites legales o desalojando a un inquilino sin respetar el debido proceso, puede enfrentar sanciones económicas impuestas por entidades como las inspecciones de policía o los jueces civiles. Esto protege a los inquilinos de situaciones de vulnerabilidad y abuso de poder, asegurando que puedan acceder a una vivienda en condiciones justas.
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