Con una votación unánime con 9 a favor y 0 en contra, los magistrados avalaron la ponencia de Alejandro Linares, que ya había sido aprobada por el Congreso.

El senador David Barguil, autor de la iniciativa, celebró la decisión y explicó algunos alcances de la decisión que, asegura, servirá para la reactivación económica del país porque habrá más consumidores:

“En el caso de la amnistía serán alrededor de 10 millones de colombianos que vuelven a tener restablecida su vida crediticia en bancos y establecimientos de comercio”.

Según el congresista, la Ley da a los ciudadanos “la posibilidad de tener un crédito de vivienda, para montar un negocio, sacar una línea de celular o un electrodoméstico a cuotas y no tener que padecer el ‘gota a gota’ y el ‘pagadiario'”.

La iniciativa se convertirá en ley una vez sea sancionada por el presidente Iván Duque y dará un año de plazo para que las personas cubran su deuda y salgan de las centrales de riesgo en los siguientes seis meses.

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El aval de la Corte Constitucional indica que será una amnistía por una sola vez y deja claro que no es un beneficio para eximir del pago a las personas que están en mora sino para que se pongan al día.

Incluso, beneficia a quienes hayan hecho los pagos con anterioridad y a quienes se pongan al día con sus deudas en los 12 meses de vigencia de la norma.

La Corte Constitucional también avaló que no se puedan consultar las centrales de riesgo para obtener empleos (excepto del sector financiero) y el retiro de los reportes debe hacerse en un máximo de 6 meses.

Al día de hoy, los ciudadanos que son reportados permanecen en las bases de datos el doble del tiempo del retraso en sus pagos y hasta máximo cuatro años, eso no va a cambiar.

Otros puntos clave:

  • Cuando un ciudadano pida un crédito las entidades no se fijarán solo en las centrales de riesgo sino en otras variables. Se les exige indicar por escrito los motivos del rechazo de una solicitud.
  • Cuando haya deudas pequeñas, inferiores al 15 % del salario mínimo (136.279 pesos) habrá 2 comunicaciones de advertencia con 20 días de diferencia para informarle al ciudadano que puede ser reportado. Esto les dará tiempo de pagar y evitar que los incluyan en ‘listas negras’.
  • Se protegerá en mayor medida a las personas de suplantación, pues bastará con que el ciudadano presente la denuncia del fraude para que su dato negativo sea eliminado de la base de datos.
  • Las centrales de riesgo deben crear una aplicación en la que todos los titulares podrán registrar sus obligaciones y mitigar el riesgo de suplantaciones. La información debe actualizarse máximo 5 después después de adquirida la obligación.
  • Una vez cumplan su deuda, saldrán inmediatamente del reporte negativo los estudiantes con créditos educativos del Icetex, los pequeños productores, los jóvenes y mujeres rurales y las víctimas del conflicto armado.
  • La consulta de información crediticia siempre será gratuita en todo tiempo y en todos los canales y no disminuirá la calificación.
  • La calificación crediticia deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo.
  • El historial crediticio de las personas naturales y jurídicas se mantiene, tanto para las personas con buenos hábitos de pago como para las personas con malos hábitos de pago.
  • Serán eliminados los reportes negativos causados entre el inicio de la emergencia sanitaria consecuencia del COVID-19 y el 31 de diciembre de 2020, siempre que los titulares de la obligación hayan intentado una reestructuración de la obligación. (De continuar la mora posteriormente al 31 de diciembre de 2020, sí se reanudará el reporte).