Ramón Jesurún, Álvaro González Alzate, directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, y Andrés Tamayo Iannini, asesor jurídico de la institución, perdieron el pulso que sostenían contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ante la justicia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una demanda conjunta que buscaba tumbar la sanción de 2020 que ubicó a los directivos de la Federación como miembros de un cartel de reventa de boletería.
En síntesis, el grupo de directivos intentó dejar sin efecto un par de resoluciones de la SIC, las cuales sancionaron y confirmaron dicho castigo por más de $16.000 millones contra la Federación Colombiana de Fútbol. A pesar de ello, el Tribunal consideró que las determinaciones disciplinarias estuvieron ajustadas a la ley y, al contrario, escribió un capítulo aparte para recordarles a los demandantes su papel durante el escándalo.
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El expediente es así: En agosto de 2017, hinchas de la Selección Colombia alertaron sobre irregularidades en el supuesto ofrecimiento de 6.000 boletas para el partido Colombia-Brasil, de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Tras una investigación de la SIC, se demostró que las entradas no estaban disponibles porque en realidad serían revendidas a precios exorbitantes, luego de una alianza entre TicketShop, TicketYa y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).
TicketShop ofreció un total de 6.000 boletas para el partido, las cuales nunca existieron, según la SIC. De hecho, hinchas se quejaron porque la boletería se agotó en menos de 10 minutos. Todo inició, según la Fiscalía, el 6 de agosto de 2015, cuando en su página web la FCF invitó a agencias de boletería para que remitieran una propuesta económica, pues se necesitaba una empresa que manejara la boletería para las eliminatorias a Rusia 2018.
El 12 de agosto de 2015 se presentaron a la invitación—según la Fiscalía— Agencia Boletera Primera Fila, TicketShop, Comercializadora de Franquicias SA, Tuboleta, Colboletos, Ossa y Asociados SA y TuTicket. La empresa de Arce y Carreño presentó una propuesta por $40.124 millones y ofreció un anticipo por $10.000 millones, valores que la hicieron ganadora. En la sanción de la SIC, confirmada el 5 de octubre de 2020, se describe cómo los representantes de la FCF y de TicketShop ya habían acordado los números precisos para hacer negocios.
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“Ramón de Jesús Jesurún Franco, como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, participó en los actos de favorecimiento para la adjudicación del contrato de que se trata. Hizo parte de las personas que recibieron las ofertas presentadas, cuya información terminó siendo conocida por los representantes de Ticket Ya y Ticket Shop”, explicó el Tribunal.
Sobre Álvaro González Alzate, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, el Tribunal expuso que participó de los actos de favorecimiento para la adjudicación del contrato a Ticket Shop. “La sanción proviene de los acuerdos comerciales restrictivos llevados a cabo, los cuales, en el caso de los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol, consistieron en el favorecimiento para la adjudicación del contrato de boletería, su participación activa en la toma de decisiones al respecto y su actitud omisiva frente a las diversas irregularidades”, concluyó el Tribunal.
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