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Nelson Soto Duque, presidente de Jaguares de Córdoba, ha causado controversia al anunciar el despido de varios futbolistas del club por sospechas relacionadas con apuestas y amaño de partidos. La medida fue tomada en medio de la definición de los dos finalistas del presente semestre de la Liga Betplay, y según Soto Duque, no existen pruebas concretas, pero no permitirá que estos asuntos afecten al equipo y al fútbol colombiano.
“Somos conscientes de las situaciones que hemos vivido, hay que ponerle mucho cuidado al tema de apuestas en Colombia, al amaño de partidos. Ese es un tema que nos tiene con una enorme preocupación”, declaró Soto. “Cualquier jugador o persona con amaño, manejo o sospecha de algún tema futbolístico en cuanto a venta de partidos o apuestas, será retirado fulminantemente de la institución”.
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Los jugadores afectados por esta decisión son Kevin Riascos, Edgar Medrano, Arled Cadavid, Exneyder Guerrero, Yilber Arboleda y Leonardo Escorcia. La drástica medida busca, según la institución cordobesa, mantener la integridad deportiva en un momento crucial para el fútbol colombiano y prevenir cualquier tipo de escándalo que pueda poner en riesgo su reputación.
Sin embargo, la reacción del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Colombia (Acolfutpro) no se hizo esperar. A través de un comunicado, Acolfutpro rechazó enérgicamente las declaraciones de Soto, señalando que sus acciones vulneran la presunción de inocencia de los futbolistas y el derecho al debido proceso.
“Es inaceptable que un dirigente del fútbol profesional colombiano condene y señale sin pruebas a un grupo de futbolistas, lanzando graves acusaciones en su contra con el objetivo de que se les discrimine para que no sean contratados”, afirmó Acolfutpro contra el presidente de Jagurares. El sindicato destacó que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) actualmente adelanta un proceso contra la Dimayor, 16 clubes y 20 directivos por la conformación de carteles que vulneran las normas de libre competencia aplicadas al mercado laboral.
Acolfutpro también subrayó que Soto reconoce haber despedido a los jugadores simplemente por sospechas, lo que vulnera la presunción de inocencia, un derecho fundamental reconocido en el artículo 29 de la Constitución.
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