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En 2019, la compra de un vehículo Renault Kwid marcó el inicio de un proceso judicial que, varios años después, sigue dando de qué hablar. Según reveló la información oficial, la implicada en este caso adquirió el automóvil, pero, en lugar de matricularlo a su propio nombre, solicitó a una prima que la inscripción quedara a nombre de ella. Esta decisión, aparentemente tomada por conveniencia personal, desencadenó una serie de acontecimientos que tendrían importantes repercusiones legales para ambas partes, según los documentos consignados en la investigación de la Fiscalía.
El asunto tomó un giro significativo cuatro años más tarde, cuando la prima —quien figuraba como propietaria formal del automóvil ante las autoridades de tránsito— pidió a su familiar que iniciaran el proceso de traspaso del vehículo. Argumentó que ya no podía seguir asumiendo la titularidad y las responsabilidades legales y administrativas derivadas de tal situación. Este tipo de solicitudes no es ajeno a las dinámicas familiares, donde la confianza suele jugar un papel fundamental en decisiones de esta naturaleza.
No obstante, la respuesta de Luisa Fernanda complicó el conflicto. Según consta en los registros, la ahora procesada impuso ciertas exigencias económicas para proceder con la transferencia del automóvil, introduciendo así un elemento de coerción sobre su familiar. Al sentirse presionada y ante la imposibilidad de resolver la situación por vías informales, la prima decidió acudir a instancias judiciales y formular una denuncia en la que detalló las condiciones impuestas para resolver el trámite del vehículo.
Las evidencias reunidas por la Fiscalía incluyen los certificados de tradición del vehículo que obran en la Secretaría de Movilidad y conversaciones de WhatsApp entre ambas partes implicadas, además de otros elementos relevantes dentro del expediente. Tales pruebas han sido claves para imputar a Luisa Fernanda por el delito que se le atribuye, aunque la procesada no aceptó los cargos durante la diligencia realizada el jueves 18 de diciembre.
Las autoridades recordaron que el delito en cuestión contempla sanciones penales que oscilan entre 16 y 36 meses de prisión para quienes constriñan a otras personas a actuar, tolerar u omitir alguna situación en contra de su voluntad. Por tanto, este proceso judicial pone en evidencia los límites legales que existen en las relaciones familiares y la importancia de cumplir con los trámites legales de forma transparente y dentro del marco de la ley.
¿Qué implica ser imputado por constricción ilegal? - El concepto de constricción se refiere, legalmente, al acto de ejercer presión o coacción sobre otra persona para que actúe, omita o tolere algo en contra de su voluntad. En este caso, según la información presentada por la Fiscalía, Luisa Fernanda habría exigido condiciones económicas a un familiar a cambio de realizar un trámite del cual dependía la titularidad de un bien registrado oficialmente. Esta conducta, de encontrarse probada, está encuadrada en el delito que puede acarrear sanciones de cárcel y representa una advertencia sobre la relevancia de respetar la autonomía y derechos individuales, incluso en el ámbito familiar.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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