El caso del presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, de 52 años y alumno de un instituto público gratuito desde 1989, se dio a conocer luego de una estampida en una asamblea estudiantil que dejó cuatro muertos y 70 heridos.

“Hemos denunciado penalmente a Mendoza por haber convertido su cargo en un negocio”, dijo el legislador oficialista Héctor Arce, en rueda de prensa, citada por AFP.

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Mendoza lleva estudiando 33 años, ha reprobado más de 200 materias, tiene cero en más de 100 asignaturas y tenía un sueldo de 21.860 bolivianos (unos 3.150 dólares) por mes como dirigente estudiantil, añadió el diputado.

El sujeto primero estudió administración de empresas y lleva 25 años cursando la carrera de derecho, aunque una licenciatura dura cinco años en ese país. 

En Bolivia es sabido que las organizaciones de estudiantes de universidades públicas reciben aportes del Estado, pero no que sus dirigentes tienen “sueldo”.

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La denuncia penal contra Mendoza, quien es líder de la CUB desde hace cuatro años, es por los supuestos delitos de “enriquecimiento ilícito, beneficio en razón del cargo, conducta antieconómica y peculado”. 

Según medios locales, hay más dirigentes estudiantiles eternizados en sus cargos por los beneficios que obtienen. El líder no ha aparecido en público para responder a las acusaciones.

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