Hasta ahora, esas firmas no pagaban impuestos en el país austral debido a que no tienen un establecimiento permanente allí, pero en adelante quedarán en igualdad de condiciones con las que sí están establecidas.

Para identificar a las prestadoras de servicios digitales, se deberá determinar que se encuentren en Chile mediante su dirección IP o algún mecanismo de geolocalización. También se podrá comprobar si la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria con la que el usuario paga por estos servicios se encuentre emitida o registrada en Chile.

Empresas de transporte como Uber o Cabify estarán exentas del pago de este impuesto, ya que serán reguladas bajo una ley que se discute en el Congreso que las obligará a establecerse en el país y pagar tributos.

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El impuesto a las plataformas digitales fue incluido en la reforma tributaria que presentó el gobierno del presidente Piñera al inicio de su segundo periodo presidencial (2018-2021), para introducir modificaciones a una normativa aprobada durante la gestión de su antecesora, la socialista Michelle Bachelet, que subió los impuestos a las empresas.

Piñera buscaba cancelar ese aumento y otorgar mayores beneficios a las empresas. Pero el estallido social del 18 de octubre lo obligó a dar un paso atrás y cambiar sus medidas, para aumentar ahora los impuestos a los ricos, reducir la carga tributaria a los ancianos y las pequeñas y medianas empresas, además del impuesto a las plataformas digitales, entre otras disposiciones.

Según el mandatario, al final de su trámite legislativo esta reforma cumple varios objetivos: “Favorecer el crecimiento, la inversión y el empleo, darle más certeza jurídica y simplicidad a nuestro Sistema Tributario, además de beneficiar a los sectores más postergados y también pedirles un esfuerzo y un aporte adicional a los sectores más favorecidos”.

El mandatario proyectó una recaudación tributaria adicional anual de 2.200 millones, equivalentes a un 0,6% del PIB chileno, por efecto de la reforma.