Esta regulación podría garantizar también equilibrio frente al derecho al espacio público: y si el derecho al trabajo contempla seguridad social para los ambulantes, cosa que casi nunca se pregunta y que a nadie le interesa.
Porque entonces sí cabe una responsabilidad a los consumidores que adquieren un producto en la calle y no en un negocio que paga impuestos y seguridad social a los empleados, y es propiciar la informalidad que parece protegerse en la necesidad de la supervivencia, que naturalmente es lo que molesta y es noticia pero de la que desconocemos su evidencia.
Se piensa en la vulnerabilidad a partir del prejuicio de la apariencia y nos dejamos llevar por la percepción de lo que creemos es la pobreza sin realmente comprobarla, porque así como hay vendedores en el extremo de la cadena que sobreviven con la venta del día, también se han documentado vendedores con casas y carros y hasta pensionados y la existencia de mafias que cobran por zonas comerciales atractivas y que utilizan a los más pobres como escudo de sus pretensiones, manoseando el derecho al trabajo.
A los ambulantes ricos no les gusta la regulación porque precisamente son quienes reemplazan al estado ausente y dictan la norma de hecho a la medida de su evasión.
La base del SISBEN de Planeación Nacional ha depurado a casi cuatrocientos mil colados entre ellos personas con ingresos de casi 4 millones de pesos que reclamaban subsidios sin necesitarlos quitándole oportunidad a quienes sí los necesitan.
Ocurre algo similar en el espacio público donde se generan ingresos a bajo costo con factura a un bien público y que la sociedad podría tolerar condicionando la permanencia transitoria de personas realmente vulnerables tanto a un pago acorde al mercado, como al acceso y cumplimiento progresivo de elementos de formalidad, como el ahorro pensional para una vejez digna.
La Corte Constitucional ha ordenado a los gobiernos locales adelantar censos y diseñar programas para los vendedores más vulnerables, pero las autoridades locales han preferido obviar el tema y hacerles creer a los vendedores que la forma de ayudarlos es no regularlos, perpetuando su ciclo de pobreza y dejándolos a su suerte y con la incertidumbre del bienestar futuro.
Algunos programas piloto para vendedores como los realizados en la Alcaldía de Chapinero de Mauricio Jaramillo en Bogotá y en el sistema de transporte MIO en Cali con Nicolás Orejuela y el alcalde Maurice Armitage, han delimitado y probado la vulnerabilidad para regular las ventas y acompañar el acceso a elementos de formalidad, lo que resulta difícil y toma tiempo pero no es imposible si se tiene voluntad.
Por eso el cuestionamiento debería hacerse sobre la ausencia normativa y regulatoria a las ventas informales que logra de manera errática que la policía que también come empanada, multe a quien la compra o desaloje a quien la vende, dejando intocables a los peces gordos que se ríen y lucran del fenómeno.
El espacio que no alcanza la regulación lo ocupa la informalidad con las reglas del más fuerte por eso la mayor responsabilidad sí recae sobre los gobiernos locales por omitir la regulación de las ventas y al Congreso que no ha legislado en la materia y dejado a las cortes, la tarea de formular la política pública de ventas y espacio público de a pedazos.
Los vendedores que sobreviven del espacio público han solicitado por años regulación y manifestado su disposición a pagar por el uso del espacio -al gobierno, no a los particulares-, pues no quieren nada regalado y se reconocen una cadena de retail activa del mercado, lo que prueba además que el enfoque policivo y de seguridad ha sido equivocado frente a un fenómeno por definición económico que podría generar las rentas para proveer espacios públicos y oportunidades económicas para los que sí lo necesitan.
¿Deberíamos apoyar las ventas a aquellos vendedores autorizados que paguen una licencia, ahorren para una casa y aporten a los Beneficios Periódicos Especiales BEPS y/o pensión, buscando una vejez digna evitándole a futuro al país un sobrecosto impagable con subsidios?
Hay cientos de ancianos indigentes en las calles que fueron alguna vez vendedores ambulantes a los que la gente les compraba creyendo hacerles un favor sin condicionar su ejercicio. Nunca les preguntaron si estaban cotizando para una pensión o pagando una casa.
El espacio público en cientos de ciudades del mundo tiene ventas ambulantes pero organizadas y reguladas por las autoridades y no al arbitrio y tenor de los particulares, por eso necesitamos ejercer control efectivo en el espacio público y expedir normas regulatorias claras para alterar el ciclo de explotación y pobreza.
Si los ochocientos mil pesos por la multa de la empanada parecen desmedidos, la deuda social que venimos postergando por evitar la regulación, resultará impagable.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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