Y todo porque al mismo tiempo se conocen los testimonios e historias del drama humanitario que están sufriendo centenares de familias en el barrio Altos de la Estancia de Ciudad Bolívar, a quienes justamente están sacando de sus viviendas.
Desde hace 3 semanas, funcionarios de la Administración Distrital, acompañados de la Policía y la Personería adelantan un operativo para desalojar a cerca de 70 familias en esta zona. El Distrito dice que “no es un desalojo sino una restitución”; un tecnicismo. La justificación principal de las autoridades es que estas personas fueron estafadas por los llamados “tierreros”, quienes desde hace más de 17 años, y usando falsas escrituras, les han vendido pedazos de un lote que no les pertenece y que está en una zona de alto riesgo de derrumbes.
Mientras en televisión pasaban las imágenes de cómo, en algunos casos con mucha violencia, el Esmad y la Policía tumbaban ranchos y sacaban a empujones a quienes allí vivían, uno de los afectados hizo una pregunta sencilla y puntual: “¿Por qué en tiempos de cuarentena le entró el afán al Distrito de apresurar un desalojo que no se había hecho en 17 años? Nadie le ha dado respuesta.
Hoy, producto de esa atropellada obsesión por cumplir una orden, cerca de 2 mil personas se quedaron sin hogar.
Los cambuches que les tumbaron representaban la tranquilidad de tener un lugar para resguardarse en medio de esta crisis. Adecuados o no, esas latas y palos de madera formaban un techo que los protegía. Si antes tenían poco, ahora no tienen nada. Hoy, las víctimas de los tierreros también son víctimas del Estado. Una doble tragedia.
Según el Distrito, les han ofrecido ayudas, como bonos alimenticios y dinero para pagar un arriendo por dos o tres meses. Sin duda eso ayuda, pero en una coyuntura en la que decenas de empresas han cerrado y seguramente muchos de los que vivían en Altos de la Estancia se han quedado sin trabajo, los alivios pasajeros son insuficientes.
En medios, la Secretaría de Seguridad dice tener investigaciones, datos, cifras, y todo tipo de información sobre el actuar de los tierreros. Saben cuánto pagan por un predio, cómo hacen la estafa, cómo han creado redes para vender droga y prostituir niños, y hasta se habla de vínculos con grupos paramilitares y guerrilleros.
Al parecer lo saben todo, menos dónde están. Hoy no hay ni un solo tierrero capturado. En cambio, sí hay desplazados, migrantes, discapacitados, adultos mayores y madres cabeza de familia que se quedaron sin casa. Ingenuos pagando por avivatos. Inocentes pagando por delincuentes.
Es comprensible que las autoridades deben cumplir con su deber, pero las voces, videos y fotos de quienes se quedaron en la calle, hablan por sí solas. No se trataba solo de hacer cumplir la ley, sino de hacerlo con una adecuada reubicación, planeando la intervención, y velando por los derechos de quienes ya eran víctimas. Es una tarea difícil para el Distrito, pero si sacarlos de allí es su obligación, garantizar sus derechos también es su deber.
Lo que está sucediendo en Altos de la Estancia parece un déjà vu de lo sucedido hace 8 años, en el barrio Marruecos de la localidad Rafael Uribe Uribe, durante la alcaldía de Gustavo Petro.
Rabia y resignación es todo lo que queda de estos desalojos que, con diferentes motivaciones, son cada vez más frecuentes en Bogotá.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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