Actualmente enfrentamos una pandemia. Impedir que el COVID-19 se propague nos ha impuesto un cambio necesario en nuestro ritmo de vida. Tendremos que estar en casa y sin poder salir por largos periodos de tiempo, el país ha cerrado sus fronteras, las instituciones educativas han detenidos sus labores, los eventos masivos han sido cancelados y el gobierno ha dicho que puede tomar otras medidas para enfrentar esta crisis.

La pandemia no sólo pone a prueba los sistemas migratorios, educativos y de salud pública. Las restricciones necesarias para evitar el contagio están impactando desproporcionadamente la economía y la seguridad de las mujeres.

El confinamiento obligará a los sectores de comercio, hoteles, restaurantes, a la industria manufacturera y a servicios sociales y domésticos a disminuir o detener sus actividades. Esta situación perjudicará económicamente a las 7,2 millones de colombianas empleadas en tareas relacionadas con estas áreas de la economía. Muchas de ellas son madres solteras o su familia sólo cuenta con sus ingresos para su sustento diario.

Por otra parte, miles de niñas y mujeres se verán obligadas a permanecer en sus casas, las cuales desafortunadamente no son espacios seguros. En Colombia, la violencia intrafamiliar y sexual afecta a miles de colombianas y en la mayoría de los casos de los agresores son los padres, padrastros, abuelos y otros familiares cercanos a la víctima. Al verse confinados en el mismo espacio, las agresiones pueden aumentar.

La provincia de Hubei en China, es un triste ejemplo de esta realidad. Las denuncias por violencia doméstica se triplicaron durante el confinamiento obligatorio, convirtiéndose en una de las inesperadas consecuencias de la pandemia. En nuestro país la Alta Consejería para la Mujer cuenta con la línea 155 para denunciar este tipo de situaciones y ha dispuesto planes de contingencia para enfrentar el posible aumento de casos.

Estas iniciativas son importantes, pero deben acompañarse con el trabajo comunitario y las redes de apoyo que permiten a las mujeres víctimas acudir efectivamente a los centros de ayuda, sin temor a ser juzgadas o verse atrapadas en redes burocráticas que solo aumentan el peligro.

Es el momento oportuno para que el Gobierno Nacional al implementar las medidas necesarias para detener la propagación del COVID-19 piense y diseñe programas y políticas públicas que incluyan una perspectiva de género para evitar que las niñas y mujeres se conviertan en víctimas invisibles de la pandemia.

Columnas anteriores

La conversación debe continuar, el aborto clandestino existe

Derecho de pocas

El poder de una decisión

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.