En cambio, forzar a las mujeres a la maternidad perpetúa círculos de pobreza, maltrato e inequidad.
La Corte Constitucional evitó pronunciarse sobre la despenalización del aborto en las primeras 16 semanas, al inhibirse ante la ponencia presentada por el magistrado Alejandro Linares. De esta manera, la decisión de cuándo y cómo ser madres seguirá siendo un privilegio de pocas, mientras que la maternidad forzada impedirá a muchas mujeres cumplir con su plan de vida.
El mantener el aborto únicamente en las excepciones previstas en la sentencia C 355/2006, significa que las mujeres pobres, con bajos niveles educativos y sin recursos económicos seguirán enfrentando innumerables barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo cuando éste es producto de una violación, la gestación es inviable o la vida de la madre se encuentra en riesgo.
Así las cosas, se perpetúa la inequidad institucionalizada que permite a las mujeres con dinero interrumpir sus embarazos sin problemas, mientras que las que no, se verán obligadas a acudir a la clandestinidad poniendo su vida en riesgo o a ser madres sin desearlo, lo que las obliga a soportar una fuerte carga económica y social.
El impacto económico del embarazo, el parto y crianza en la vida de una mujer y de una familia es altísimo. No existe la maternidad “de bajo costo”. Crear, cuidar y mantener a los hijos exige un gran esfuerzo económico: personal, familiar y estatal. Sin embargo, la mayoría de colombianas no cuentan con los recursos económicos para acceder a servicios básicos de salud, no existe una educación pública de calidad, menos cátedras de salud sexual integral en los colegios, ni mucho menos programas de ayuda eficientes para las madres adolescentes. Esta realidad enfrenta a un número importante de mujeres a una maternidad compleja, llena de desafíos para evitar que se perpetúen los círculos de pobreza, maltrato e inequidad.
El acceso a puestos de trabajo, a los estudios que estos requieren, a los aumentos de salario y el acceso a posiciones de toma de decisiones se encuentran estrechamente ligadas a nuestra decisión sobre cuándo y cómo se asume la maternidad. Las responsabilidades propias de la maternidad generan fuertes tensiones con la vida académica, laboral o profesional, creando inequidades y desigualdades que alejan, definitivamente a las mujeres de sus planes de vida. Estas inequidades están íntimamente relacionadas con las probabilidades que tenemos las mujeres de acceder a puestos de toma de decisión en los escaños públicos, más aún cuando se tratan de elección popular.
Como lo ha dicho Ruth Bader Ginsburg, las mujeres pertenecemos a todos los espacios en donde se toman decisiones, y aunque cada día somos más, seguimos siendo muy pocas quienes alcanzan cargos en donde se determine el rumbo de nuestro país; en la Corte Constitucional no es la excepción, de nueve magistrados tres son mujeres: Cristina Pardo Schlesinger, Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado. Sería de esperarse que sean ellas las encargadas de ser las principales defensoras de las decisiones que estén dirigidas al cierre de brechas que existen para las mujeres, entre ellas la maternidad impuesta y la eliminación de los riesgos del aborto clandestino; sin embargo la actitud que asumieron el pasado 2 de Marzo, nos deja desconcertadas, esperamos tener mayor claridad del sentido de la votación de las magistradas Ortiz y Fajardo.
Nunca sobra decir que el aborto sin barreras en las primeras semanas de gestación no obliga a ninguna mujer a abortar. En cambio, forzar a las mujeres a la maternidad las obliga a olvidar sus metas o cambiarlas radicalmente. Acceder al aborto sin barreras en las primeras semanas de gestación, representaba para las colombianas la oportunidad de tener, maternidades deseadas y familias planeadas de acuerdo a sus realidades económicas, sueños profesionales y anhelos de vida.
Si bien, el aborto sigue siendo permitido en los tres casos avalados por el alto tribunal desde 2006, las magistradas de la Corte Constitucional le fallaron a las colombianas al perpetuar la inequidad institucionalizada, avalar tácitamente las barreras existentes frente a la interrupción voluntaria del embarazo y negarnos la autonomía sexual y reproductiva que nos permite acceder a la seguridad económica necesaria para construir nuestras familias cuándo y cómo lo deseemos.
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